What they Want: Social Rights for Foreigners
Gabriela Mendizábal Bermúdez
orcid: 0000-0003-3681-4025, mgabriela@uaem.mx
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (fdycs), Universidad Autonoma del Estado de Morelos (uaem)
Este artículo aborda los derechos sociales que la legislación mexicana les concede a los extranjeros en el país y muestra los resultados de una investigación híbrida (documental y de campo) que incluye encuestas realizadas a personas migrantes extranjeras en situación migratoria irregular. Los hallazgos de estas encuestas muestran las expectativas que tienen estos migrantes sobre las prestaciones derivadas de los derechos humanos a la salud, educación, trabajo, seguridad social y vivienda en México, y que deberían ser la base para la construcción de sus derechos sociales.
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This article addresses the social rights that Mexican legislation grants to foreigners in the country and presents the results of a hybrid research (documentary and field) that includes surveys conducted on foreign migrants in irregular migratory situations. The findings of these surveys show the expectations that these migrants have regarding the benefits derived from human rights to health, education, work, social security, and housing in Mexico and that should be the foundation for the construction of their social rights.
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La migración es un fenómeno presente en la humanidad y sus motivos cambian con el tiempo, el contexto social, el económico e inclusive con los factores ambientales. Aunque el objetivo común es mejorar las condiciones de vida para la familia y la comunidad, migrar a un país distinto requiere cumplir con disposiciones migratorias establecidas por las leyes receptoras. Esto lleva a que muchas personas emigren de forma irregular, intentado evitar ser capturadas y deportadas.
En los últimos años ha habido movimientos masivos de migrantes (caravanas), principalmente provenientes de Centroamérica, buscando llegar a Estados Unidos de América de forma irregular. Esta situación conlleva diversas problemáticas, no sólo para México (como país de tránsito) o Estados Unidos (como país de destino), sino también para las personas migrantes, ya que, al tener un estatus migratorio irregular, se exponen a actos delincuenciales cometidos por organizaciones criminales en el país y a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, inclusive por parte de las autoridades.
Particular importancia reviste el acceso a las prestaciones derivadas de los derechos sociales, ya que, aunque estén contenidas en tratados internacionales y en la legislación nacional, no garantizan el acceso de las personas migrantes a las prestaciones en educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social. Pero ¿qué es lo que los propios migrantes quieren al respecto?
A los estudiosos del derecho social nos queda claro que, para que una norma jurídica sea acatada por los sujetos, se requiere de la legitimidad de la norma (Kelsen, 1982), y ésto sólo se logra si la propia población objetiva en la que recaen los efectos de esa norma la reconoce como válida, pues la considera justa y coherente, además de que pretende dar respuesta a la problemática en cuestión. Para ello, la mejor forma de lograrlo es mediante la participación en la construcción de la propia norma, y esto sólo es posible escuchando a la población a la que se le otorgarán derechos y obligaciones o prestaciones derivadas de los derechos sociales, en este caso, a los migrantes. Además, las normas que rigen el otorgamiento de las prestaciones derivadas de derechos sociales para grupos humanos en estado de vulnerabilidad pertenecen a la rama del derecho social, y éste debe entenderse, por su función y su objetivo, como medio de la política social (Zacher, 1988, p. 128).
El presente artículo recoge las opiniones de los migrantes en situación irregular en relación con su protección mediante los derechos sociales, para enfatizar la importancia de su participación en la construcción de las normas de protección social.
Se encuentra estructurado en cinco apartados: el primero es la presente introducción; el segundo consiste en las precisiones terminológicas que envuelven el tema principal; el tercero se ocupa de los resultados del trabajo de campo en lo referente a las necesidades de las personas migrantes en materia de derechos sociales; el cuarto incluye las principales reflexiones a manera de conclusión, y, por último, las fuentes de investigación consultadas.
Para una mejor comprensión, es importante definir lo que se entiende por un migrante y derechos humanos sociales.
Migrantes con situación migratoria regular e irregular
Migrante, según la Organización Internacional para las Migraciones (oim), es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones (Organización Internacional para las Migraciones [oim], 2022). Las personas migrantes con un estatus migratorio regular gozan de los derechos establecidos en las leyes del país anfitrión, ya que, al cumplir con los requisitos para una estadía legal, están protegidos plenamente por sus normativas. Por otro lado, aquellos migrantes en situación migratoria irregular, es decir, aquellas personas que no cuentan con autorización por parte de las autoridades migratorias del país de acogida para residir o transitar dentro de él, enfrentan limitaciones en la protección de sus derechos, lo cual se traduce principalmente en el temor a ser deportados a sus
países de origen por no cumplir con las regulaciones migratorias.
Derechos humanos sociales
Los derechos humanos sociales son aquellas concesiones de corte natural y universal que tienen como función consagrar necesidades básicas de todas las personas con la intención de garantizar una vida social e individualmente digna.
Estos derechos tuvieron un gran auge a partir de Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de la promulgación del Protocolo de San Salvador, que es el instrumento adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado en 1988 y que entró en vigor en 1999, donde se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales. Este instrumento establece los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad (Organización de los Estados Americanos [oea], 2020), dentro de los cuales se encuentran el trabajo, la seguridad social, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros. Estos derechos están reglamentados en México por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las siguientes leyes reglamentarias: Ley de Migración, Ley General de Educación, Ley General de Salud, Plan Integral de Atención a la Salud de la Población, Ley de Vivienda, y el Estatuto Orgánico del Instituto de Salud para el Bienestar, entre otras.
Desafortunadamente, aunque estén reconocidos a nivel legal, la garantización de los derechos humanos sociales implica el otorgamiento de prestaciones, que se complica con la necesidad prioritaria de garantizar esos derechos para la población nacional de un Estado antes de atender a los migrantes, por ser extranjeros y tener además una característica migratoria irregular.
Para conocer las necesidades de las personas que se encuentran en situación de migración irregular en lo que respecta a sus derechos sociales fue esencial entrevistar a la población objetivo. En este contexto, se llevó a cabo una encuesta utilizando un cuestionario compuesto por 49 preguntas.
Para ello, un grupo de investigación encuestó a un total de 357 personas en situación de migración irregular en tres regiones geográficas de México: la frontera sur (Tapachula, Chiapas), la frontera norte (Mexicali, Baja California) y el centro del país (Ciudad de México).
Los resultados de la encuesta muestran que las expectativas de las personas migrantes en situación irregular evolucionan a medida que aumenta su tiempo de estancia en México. Al principio, se centran en necesidades básicas de supervivencia, como alimentación, refugio y atención médica urgente, y sólo aspiran a un tránsito seguro hacia otro destino, sin preocuparse por derechos sociales continuos o progresivos, ya que no planean quedarse en el país.
Por otro lado, el grupo de migrantes que lleva de tres a seis meses en México reconoce la necesidad de contar con medidas de protección social más sólidas, como acceso a vivienda en lugar de refugios temporales y que sus hijos puedan asistir a la escuela.
Finalmente, aquellos migrantes que han permanecido en México por más de seis meses presentan una percepción diversa de sus necesidades, ya que ven frustrada su ruta hacia Estados Unidos y requieren no sólo apoyo humanitario y protección social temporal, sino la materialización progresiva y constante de sus derechos sociales. Demandan el derecho al trabajo y a la formación para mejorar sus vidas, atención integral de la salud y no sólo asistencia médica de emergencia, entre otros aspectos. Los resultados generales por tema son los siguientes:
Educación
El nivel educativo de la mayoría de los migrantes encuestados es bajo, con una gran proporción que sólo ha cursado primaria o secundaria. Esta falta de formación profesional limita sus oportunidades laborales y los expone a trabajos no calificados y explotación laboral. Muchos migrantes ven a México sólo como un país de tránsito hacia su destino final, generalmente Estados Unidos, por lo que no tienen interés en recibir educación en el país.
El 92.29% de los encuestados no ha recibido servicios educativos en México y más de la mitad de ellos no espera recibirlos. Aunque el 53.3% considera que la educación en México es mejor que en su país de origen, para la mayoría de los migrantes no es una preocupación principal durante su trayecto migratorio, ya que tienen necesidades más inmediatas, como la alimentación, el alojamiento y, sobre todo, su seguridad. Sin embargo, sí reconocen que la educación es un derecho que puede mejorar sus condiciones de vida en el futuro, proporcionándoles oportunidades laborales y un mayor ingreso económico. Aunque actualmente no sea una prioridad para muchos migrantes, es un aspecto que podría tener un impacto significativo en su calidad de vida a largo plazo.
Salud
En cuanto a salud, el 72% de los encuestados reporta tener algún tipo de enfermedad, pero sólo el 41.25% recibe atención médica, ya sea pública o privada. El acceso a la salud se ve dificultado por la necesidad de contar con documentos de identificación, como la Clave Única de Registro de Población (curp), que es difícil de obtener para los migrantes.
Aunque la Constitución mexicana establece el derecho a la protección de la salud (artículo 4) para todas las personas, la realidad es que el acceso a la atención médica en instituciones públicas requiere cumplir ciertos requisitos, lo que dificulta su disponibilidad para los migrantes en situación irregular.
El 53.48% de los encuestados considera que la atención médica es mejor en México que en sus países de origen, pero algunos migrantes tienen experiencias diferentes. Aunque el porcentaje muestra una perspectiva favorable hacia el acceso a la salud en México, la investigación demuestra que las instituciones públicas sólo brindan atención de urgencias, y a menudo se logra obtener un tratamiento adecuado que incluya medicación sólo mediante la intervención de organizaciones no gubernamentales (ong). El derecho a la salud es fundamental y debe ser garantizado para todas las personas, independientemente de su condición migratoria.
Trabajo
Respecto al trabajo, sólo el 39.77% de los encuestados tiene empleo en México, y, de ellos, el 64.1% trabaja en el sector informal sin acceso a derechos laborales ni salarios justos. El 97.10% no paga cuotas para poder trabajar.
Este derecho social es controvertido, ya que la mayoría de los migrantes buscan trabajo para mejorar sus condiciones de vida, pero para obtener empleo formal necesitan tener una estancia legal en el país, lo cual complica la situación. Aunque la Constitución (artículo 5) y los derechos humanos protegen el derecho al trabajo, las leyes migratorias dificultan el acceso a empleos formales, lo que obliga a los migrantes a laborar en situaciones precarias y con salarios reducidos.
El 20.35% de los encuestados ha experimentado violaciones laborales, desde discriminación hasta explotación, debido a su estatus migratorio irregular.
En cuanto a si prefieren trabajar en México o en su país de origen, el 61.86% mencionó que es mejor en México, destacando la importancia del trabajo para el desarrollo personal y el sustento económico. Sin embargo, para los migrantes en situación irregular el trabajo a menudo implica violaciones constantes de sus derechos humanos.
Vivienda
El 66.76% de los encuestados ha recibido alojamiento temporal, en la mayoría de los casos, en lugares manejados por asociaciones civiles u ong. De ellos, el 75.30% es gratuito. Sin embargo, un 33.24% no ha recibido ningún alojamiento y duerme en lugares públicos (en la calle). La situación varía según el tiempo de estancia en el país, ya que al principio encuentran albergues públicos y privados, pero luego deben buscar viviendas en alquiler con requisitos que a menudo no pueden cumplir, lo que lleva a más personas a vivir en situación de calle.
A pesar de que la Constitución mexicana (artículo 4) garantiza el derecho a una vivienda digna para todas las familias, la realidad muestra que este acceso está lejos de ser alcanzado para muchos migrantes. El acceso a una vivienda requiere cumplir con requisitos establecidos por leyes secundarias, como tener un trabajo formal y una estancia legal, lo que representa barreras para los migrantes.
Seguridad social
El 91.98% de los encuestados no tiene seguro social actualmente, pero el 80.12% está interesado en registrarse para obtener los beneficios. El 53.56% considera que la seguridad social es mejor en México, mientras que el 18.73% opina que es mejor en sus países de origen.
Los datos muestran que los migrantes tienen conocimientos básicos sobre los beneficios del sistema de seguridad social y están interesados en acceder a él, no sólo por la atención médica sino también por otras prestaciones, como las pensiones por vejez o la protección en caso de accidentes laborales.
En general, se concluye que los migrantes en situación irregular tienen limitado el acceso a estos derechos sociales debido a cuestiones presupuestarias y, sobre todo, a su condición migratoria. Esto afecta su calidad de vida y aleja la posibilidad de una vida digna para este grupo vulnerable. El acceso a la atención a la salud, el trabajo, la educación, la vivienda y la seguridad social no debería depender del estatus migratorio de una persona.
La migración es un fenómeno permanente en las sociedades, y los Estados deben abordar las causas y garantizar los derechos humanos sociales de los migrantes para evitar violaciones sistemáticas de sus derechos.
El análisis realizado sobre las personas migrantes en situación migratoria irregular en México ha llevado a la formulación teórica de la protección social participativa como una propuesta para garantizar los derechos sociales de este grupo vulnerable. Las conclusiones obtenidas son las siguientes:
Kelsen, H. (1982). Teoría pura del derecho. unam. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/id/1039
Zacher, H. F. (1988). Codificación del Derecho Social en la República Federal Alemana. https://core.ac.uk/download/pdf/216424495.pdf
Organización Internacional para las Migraciones (2022). Términos fundamentales sobre migración. https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
Organización de los Estados Americanos (2020). Protocolo de San Salvador. https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf