Inventio
Vol. 19, núm. 48, 2023
doi: http://doi.org/inventio/10.30973/2023.19.48/4

Percepción sobre espacios incluyentes en universitarios del oriente de Morelos

Perception of inclusive spaces in university students from the east of Morelos

Karen Ramírez González
orcid: 0000-0003-0279-0491, ramirezgkn@gmail.com
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (fesc), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)

resumen

El trabajo tiene como objetivo analizar la percepción que tiene la comunidad estudiantil del oriente de Morelos con respecto a la habilitación de un baño incluyente, como parte de una política institucional de corte progresista. Mediante un diseño metodológico cuantitativo, se aplicaron 131 encuestas conformadas por cuestionarios estructurados de tipo mixto. En el análisis se estudian los efectos de la socialización de dos agencias: la familia y la educación escolar. El estudio concluye que la educación familiar y escolar y el contacto con grupos de pares vinculados a la comunidad lgbtq+ incidieron en la disminución de estereotipos y roles de género e incrementaron la valoración positiva de las estrategias implementadas por las autoridades universitarias para la habilitación del baño incluyente.

palabras clave

espacios incluyentes, universidad, jóvenes, percepción

abstract

The objective of the work is to analyze the perception that the student community located in the East of Morelos has regarding the habilitation of an inclusive bathroom, as part of a progressive institutional policy. Using a quantitative methodological design, 131 surveys made up of mixed-type structured questionnaires were applied. The analysis studies the effects of the socialization of two agencies: the family and the school education. The study concludes that family and school education and contact with peer groups linked to the lgbtq+ community, had an impact on the reduction of stereotypes and gender roles and increased the positive assessment of the strategies implemented by the university authorities for the empowerment of the inclusive bathroom.

key words

inclusive spaces, university, youth, perception



Recepción: 15/03/23. Aceptación: 28/08/23. Publicación: 16/01/24.



Introducción

Morelos cuenta con 1,971,520 habitantes, 51.8% de los cuales son mujeres y 48.2% hombres. Su diversidad está representada en 1.93% de hablantes de lenguas indígenas y 1.9% de afromexicanos o afrodescendientes. En cuanto a religión, 71% se categoriza como población católica, 14.3% como protestante o cristiana evangélica y 8.4% afirma no tener religión (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2020).

Esta segmentación poblacional en cuanto a sexo, raza y religión es una división que, al menos en México, comienza a aplicarse por primera vez en el Censo General de la República Mexicana de 1895. Su utilidad en el naciente y convulso Estado mexicano radicaba no sólo en conocer la composición poblacional, numéricamente hablando, sino sobre todo, aunque no de forma exclusiva, para diseñar e implementar estrategias de integración y asimilación cultural, impulsadas fuertemente por la educación pública (Ramírez, 2021; Ramírez, 2018; Ramírez, 2016).

En el México moderno, aunque continúan vigentes estas segmentaciones tradicionales para el entendimiento de la diversidad del territorio, la realización de los censos y el conocimiento de la estructura poblacional cumple en la actualidad con al menos tres objetivos: analizar los cambios generacionales y los cursos de vida de los habitantes del país, diseñar estrategias de intervención pública enfocadas a sectores específicos y visibilizar grupos que anteriormente carecían de representación en las estadísticas oficiales.

Lo anterior ha permitido la incorporación de nuevas variables sociodemográficas en los censos, un aspecto nodal para el análisis de las transiciones de los modos de vida e intereses de los habitantes de México, con el fin de cartografiar y detectar áreas de posible conflicto y, por lo tanto, de fragmentación o, en su caso, de consenso social.

Politológicamente, a esta fragmentación se le conoce como clivaje, una división social derivada de pugnas ideológicas históricas por activadores como la religión, las diferencias entre el campo y la ciudad, la periferia y el centro, y el trabajo y el capital (Lipset y Rokkan, 2001); clivajes que han propiciado no sólo el enfrentamiento de intereses, sino la formación de estructuras e instituciones para su reconocimiento, el manejo civilizado de los conflictos, y el diálogo y la tolerancia, cuya forma característica de institucionalización han sido los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales (ong).

Actualmente, aunque persisten estos clivajes, el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la pobreza y la masificación de la educación han posibilitado que, primordialmente en los países industrializados, se transitara a lo que Inglehart (1977) denominó posmaterialismo, una era que había superado las necesidades materiales básicas y los conflictos e intereses asociados a ellas, y que ahora se caracterizaba por la emergente y rápida difusión y aceptación de los valores posmateriales (progresistas),1 que encontraron cabida en ideologías políticas posmodernas, como el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, entre otras, y que comúnmente se les denominó nueva izquierda.

El posmaterialismo para su desarrollo tuvo como objetivo la consolidación —al menos en el discurso y el ideal político— de un nuevo modelo de democracia: la democracia deliberativa (Habermas, 1991), cuyo cimiento se encontraba en un individuo políticamente activo, interesado en la esfera pública, informado, educado y capacitado para actuar por intereses colectivos; hábil para hacer valer sus derechos jurídico-políticos, pero también para responsabilizarse de sus actos; en otras palabras, un defensor de las instituciones, la ley, la libertad y los derechos.

Esta nueva cultura política permitió que en los países industrializados comenzara a gestarse, a finales de la década de 1960, especialmente en Estados Unidos, Alemania y Francia, un movimiento a favor de los derechos de las denominadas disidencias sexuales, que cuestionaban la heterosexualidad como la única forma aceptada y legitimada de las experiencias de los individuos y su relación como cuerpos sexuados.

En la década de 1970, México se suma a estas reivindicaciones, cuya manifestación y expresión fue enarbolada por el creciente feminismo de la época y, posteriormente, por asociaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (fhar), el Movimiento de Liberación Homosexual (mlh), entre otros, que, como precursores, gestaron las inercias para el desarrollo de la primera Marcha Nacional Homosexual en 1979 (Martínez, 2015).

Sin embargo, fue hasta la década de 1990 cuando se comienza a expresar el cambio generacional en la emergencia de nuevos intereses de las disidencias sexuales mexicanas, de donde surge el movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero (lgbt), que pudo hacerse del apoyo institucional y económico, principalmente de organizaciones internacionales, e incidir en la realización de talleres para la reeducación de la población mexicana, lo cual produjo un impacto positivo en la legitimidad social y la cohesión del movimiento (Martínez, 2015).

No obstante, la diversidad sexual comenzó a tener relevancia estadística hasta 2005. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred) realizó, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (enadis), cuyos resultados permitieron comprender que los principales grupos discriminados eran por las siguientes condiciones: discapacidad, etnia, preferencia sexual, edad y religión.2

Lo relevante de estos datos fue la medición, por primera vez, del nivel de intolerancia nacional hacia las disidencias sexuales: 48.4% de la población afirmó, como porcentaje mayoritario, “no estar dispuesta a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales” y 4.1% los identificó como “grupos generadores de conflictos”.3 A pesar de que no se contabilizó el número total de personas que se autoadscribían con “preferencias sexuales diferentes”, estadísticamente fueron las más discriminadas (94.7%) con respecto a los discapacitados, mujeres e indígenas, y de ellas, 42.8% experimentó algún tipo de violencia, especialmente en el trabajo (40.1%) (conapred, 2005).

Aunque la enadis continúo realizándose cada cinco años, hasta 2017 se integraron al conapred, para su diseño y levantamiento, el inegi y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh). A partir de ello, México fue uno de los primeros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) que trató de contabilizar el número de personas lesbianas, homosexuales y bisexuales en el país.

Empero, hasta 2021 se incorporó a la comunidad transexual y a las orientaciones de género en las estadísticas oficiales, a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (endiseg), lo cual propició un debate en el país sobre la atención pública de dichos grupos, ya que, a través de los datos generados, se pudo cotejar la existencia de patrones comunes a los que se enfrentaban los colectivos lgbt: rechazo, violencia, estigmatización y, por lo tanto, una fuerte discriminación que impactaba en el acceso a la educación, al trabajo y a los derechos civiles y políticos.4

Así, el debate sobre su inclusión fue el tema central que tanto colectivos como instituciones públicas tuvieron en común. La diversidad ya no sólo se entendía por motivos de raza, religión, etnia, edad o discapacidad, sino como la diferencia ante lo socialmente aceptado, en este caso, la heterosexualidad. Por ello, los esfuerzos estadísticos para comprender tanto su representación numérica como las problemáticas a las que se enfrentan estos colectivos es de suma importancia para construir entornos tolerantes y seguros.

Sin embargo, las necesidades que reportan, aún con el acceso a mayores datos sobre sus dinámicas poblacionales, siguen siendo desconocidas y, en ciertos casos, invisibilizadas. Esto se exacerba a nivel municipal, donde la información es menor y apenas accesible. En este sentido, el trabajo de las asociaciones civiles ha sido de importancia para empezar a comprender los procesos de reconocimiento que se están gestando en distintos espacios, principalmente en los de tipo educativo.

En el caso que aquí compete para el estado de Morelos, en 2021 la endiseg reportó que 7.2% de personas en edades de 15 años y más se identifican como comunidad lgbtq+,5 lo que ubica a Morelos como uno de los ocho estados del país con mayor orientación sexual e identidad de género (osig) lgbtq+ (inegi, 2021).

En otros datos, un estudio realizado en esta entidad por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (indesol, 2017) detectó que 43.82% de las personas osig lgbtq+ tenía “información adecuada o muy adecuada” sobre sus derechos y 10.11% de ellas la recibió durante su formación académica.

En cuanto a la percepción de seguridad, 51.68% hizo pública su orientación sexual o de género durante su educación escolar. A pesar de ser éste uno de los entornos de mayor confianza para el ejercicio libre de las orientaciones sexuales e identidades de género, 44.94% ha experimentado discriminación “ocasional”, 17.98% “frecuente” y 10.11% “muy frecuente”, desde burlas, insultos y rechazo hasta agresiones físicas, especialmente a hombres homosexuales (24.93%).

En cuanto a la presencia de las agresiones, la educación media ocupa el primer lugar (31.46%), seguida por la educación media superior (26.97%) y, en tercer lugar, la educación superior (10.11%). Las reacciones que tuvieron las víctimas fueron de “enojo y frustración” (47.43%), “ignorar lo que pasaba” (46.15%), “negar su orientación sexual e identidad de género” (39.75%), “faltar a clases” (23.07%) y “pensar en el suicidio” (8.98%). Estos datos se complementan con el número de denuncias presentadas en 2022 por causas de discriminación, principalmente en instituciones de educación superior. De un total de 35, tres se enviaron a la Dirección de la Diversidad Sexual y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (cdhm) (Flores, 2022a).

Ante estos datos, se han emprendido acciones a nivel estatal y municipal para construir espacios de diálogo, con el objetivo de promover el reconocimiento de los derechos de la comunidad osig lgbtq+, lo cual permitió que, tras siete años de búsqueda de reconocimiento y activismo político de este sector, se aprobara en 2021 la reforma al Código Familiar con dieciséis votos a favor y una abstención, lo que permitió la entrada en vigor de la Ley de Identidad de Género (Sánchez, 2021).

El impacto de la ley se observa en la solicitud de aproximadamente trescientos cambios de género en la Dirección Estatal del Registro Civil, en su mayoría de mujeres transgénero (Flores, 2022b). Este es un indicador de valores cambiantes, en el cual la comunidad con osig lgbtq+ cumple un papel estratégico al convertirse en un lobby político y social para el reconocimiento de sus libertades y derechos.

Por ello, con la finalidad de mostrar los cambios en los valores entre los jóvenes en Morelos se analiza un estudio de caso peculiar: la instauración de un baño incluyente en una facultad universitaria de tipo público, situada en el oriente de Morelos. La relevancia de ello radica en que un baño incluyente es un posicionamiento político y, en este caso, institucional, a favor de la tolerancia y la diversidad. Se define como un espacio que posibilita el uso de instalaciones a las disidencias genéricas y sexuales y, por lo tanto, permite que la división por sexos y la heteronormatividad sean legítima y públicamente cuestionadas (Vázquez, 2022).

Este tipo de acciones forma parte de las áreas estratégicas que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) ha impulsado entre los países, con el objetivo de implementar la educación integral en sexualidad (eis), la cual

es un proceso basado en un currículo para enseñar y aprender sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, las niñas y los y las jóvenes con conocimiento, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para: realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus decisiones afectan su bienestar y el de los demás; y entender cuáles son sus derechos a lo largo de su vida y asegurarse de protegerlos (unesco, 2018, párr. 1).

Trasversalmente, trata de cumplir con: a) la promoción de los derechos humanos; b) la formación de una conciencia sobre la diversidad de género; c) la adaptabilidad de la eis al contexto social, cultural y al sistema de valores de los países; d) el empoderamiento y la creación de sociedades más justas, y e) la formación de relaciones interpersonales pacíficas, tolerantes y respetuosas de la intimidad (unesco, 2018).

Sin importar los propósitos que la eis proponga, es preciso señalar que todo cambio en una organización genera inercias. Dependiendo de su magnitud y alcance, éstas podrían ser transformadoras del sistema y la cultura organizacional, simbióticas con el entorno o generadoras de patrones de rechazo colectivo (Galindo y Poom, 2020). A partir de estas consideraciones se ha tratado, mediante la evidencia empírica recabada, de identificar la variedad de significados que la comunidad estudiantil ha asociado a este espacio, valoraciones que muestran un cambio generacional en el que influyen dos variables: el perfil sociodemográfico de la población objetivo y los procesos de socialización a los que han sido expuestos los estudiantes. Éstos han condicionado la visión social sobre los temas de inclusión y tolerancia, pero sobre todo la aceptación o el rechazo de políticas institucionales que inciden en la apertura a las disidencias sexuales y las orientaciones de género.

Por lo tanto, este trabajo tiene por objetivo analizar los valores, opiniones y actitudes de los estudiantes en estas temáticas, generados con la instauración del baño incluyente y, paralelamente, responder cómo influyen los procesos de socialización del núcleo familiar y escolar de los universitarios en la percepción de este espacio.

La hipótesis que subyace a esta cuestión se sintetiza en la siguiente premisa: los procesosnde socialización de las agencias familiar y escolar se manifiestan en los estudiantes universitarios en la adquisición de valores tendientes al progresismo e influyen positivamente en la aceptación del baño incluyente y en una mejor adaptabilidad hacia la diversidad sexual y de género.

A partir de la revisión bibliográfica se puede concluir que los estudios sobre baños incluyentes son escasos, recientes y provienen principalmente de la academia anglosajona (Barnett et al., 2018; Colliver y Duffus, 2021; Francis et al., 2022; Herman, 2013; Marcoci y Bovens, 2023; Murchison et al., 2019; Price-Feeney et al., 2021; Wernick et al., 2017). Ello obedece a que las primeras universidades que impulsaron su implementación en el continente americano fueron la Universidad de Georgetown, la Universidad de Arizona y la Universidad de Massachusetts Amherst.

En el caso mexicano es común encontrar referencias en el ámbito periodístico que dan cuenta del movimiento creciente en las universidades para la implementación de estos espacios (El Heraldo de México, 2022; González, 2017; Vázquez, 2022). El primer caso de una universidad que estableció sanitarios sin género en el país se dio en 2017, con la Universidad Iberoamericana (uia) y posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) se sumó a esta iniciativa en las Facultades de Estudios Superiores de Iztacala y Aragón. Sin embargo, aún existe un vacío en la academia sobre los efectos en el corto y largo plazo sobre los valores, percepciones y actitudes de la población estudiantil, al habilitar en las instalaciones universitarias espacios incluyentes.

Por lo anterior, para la recopilación de la evidencia empírica, esta investigación tuvo un diseño metodológico cuantitativo, a través de encuestas con cuestionarios estructurados de tipo mixto, conformados por 23 preguntas con categorías de respuesta designante y ocho preguntas abiertas divididas en tres ítems: a) el perfil sociodemográfico de la población objetivo; b) el sistema de valores de los estudiantes universitarios, y c) las percepciones y actitudes generadas sobre el baño incluyente. En total se aplicaron 131 encuestas cara a cara a estudiantes universitarios de octubre a noviembre de 2022.6

El resultado de la encuesta se presenta en cuatro apartados. El primero analiza el perfil sociodemográfico de los jóvenes universitarios. El segundo explica el sistema de valores de la comunidad estudiantil. El tercero identifica las opiniones y actitudes más comunes entre los estudiantes, asociados a la instauración del baño incluyente, y, finalmente, en el cuarto apartado se exponen las conclusiones generales de este trabajo.

Perfil sociodemográfico de los universitarios: características distintivas

La encuesta que aquí se presenta se centró en la recopilación de los siguientes datos sociodemográficos de la comunidad estudiantil: sexo, edad, ocupación, religión, composición familiar e ingresos individuales mensuales. Del total de las 131 encuestas, 57% de los estudiantes se autoubicaron como “mujeres”, 41% como “hombres” y 2% en la categoría de “otro”. En cuanto al ciclo etario, la población universitaria al momento de contestar la encuesta tenía entre 18 y 21 años (67.94%), 25% de 22 a 25 años y 7% de 26 a 29 años.

Con respecto a la ocupación, la distribución por actividades que el alumnado realizaba, además cursar sus estudios de licenciatura, fue la siguiente: 28% afirmó ser “trabajador independiente”, 13% “trabajador de empresa”, 18% “desempeñaba otra actividad” distinta a las mencionadas, 16% se catalogó como “ama de casa” y un 25% prefirió “no responder”.

Aunque la mayoría ejercía actividades laborales remuneradas, 31% confirmó que sus ingresos mensuales eran menores a mil pesos. Dentro de ellos se ubica el 16% que realizaba trabajo no remunerado en la categoría de “ama de casa”. El 21% percibía entre $2,100 y $3,000 mensuales, y el 15% superó la brecha salarial, al reportar una disposición de más de $3,000 para gastos durante el mes.

Estos datos económicos se complementan con la información obtenida sobre las jefaturas de familia y la composición de los ingresos que los jóvenes reportaron. El 41% expresó que el padre era el principal proveedor en el hogar, 24% provenía de una jefatura femenina y 34% seleccionó la categoría de “otros”. Este último indicador es el más complejo y significativo, pues refleja que los ingresos totales del hogar son mixtos, en los que diferentes miembros de la familia aportan para los gastos mensuales.

Asimismo, se les solicitó indicar en la escala de los ingresos familiares la percepción sobre la economía del hogar. El 31% se autoubicó como una “familia en condiciones de vulnerabilidad”, pero con lo necesario para satisfacer alimentación, vestido y vivienda; el 51% se catalogó como una “familia de clase media”, con posibilidades de ahorro y erogación de gastos para ocio y esparcimiento, y 18% expresó “desconocer su situación económica familiar”.

Sin embargo, estos porcentajes se invierten al momento de la toma de decisiones en los hogares, ya que, contra lo esperado, mayoritariamente no dependen de la principal figura proveedora. El 43% respondió que las decisiones importantes son responsabilidad de la madre, 25% del padre y 32% de “otros”. Este último porcentaje está relacionado con la composición de ingresos mixtos en los hogares. En ellos, las decisiones son más abiertas al consenso, de acuerdo con lo reportado por la población objetivo, mientras que, en los otros casos, explicaron que las decisiones son menos sometidas a la deliberación y normalmente “son incuestionables”.

A partir de lo analizado, estos porcentajes reflejan principalmente que la toma de decisiones y los datos sobre el origen de la composición familiar inciden en el perfil sociodemográfico de los encuestados, en particular en la confesionalidad religiosa: 59% respondió que sus padres estaban casados mediante régimen civil y religioso (4.016%), 19.08% tuvo enlaces matrimoniales de tipo civil y 7.01% sólo religioso. De los porcentajes restantes, 27.02% prefirió “no contestar” y 6.74% seleccionó la categoría de “otro”. En consecuencia, 59% afirmó profesar una religión; de ellos, 48% se catalogó como “católico”, 6% como “cristiano”, 11% como “otro” diferente a los anteriores y 35% optó por “no contestar”.

Así, de los datos recuperados en la encuesta, el porcentaje mayoritario del perfil sociodemográfico de la población objetivo lo conformaron las siguientes variables: mujeres (57%), en edades de 18-21 años (67.94%), trabajadoras independientes (28%), con ingresos mensuales menores o iguales a mil pesos (31%), autoadscritas como clase media con posibilidad de ahorro y gastos de ocio, y que profesan una religión (59%), principalmente católica (48%). En cuanto a la composición de los hogares, 59% aseguró que sus padres estaban casados civil y religiosamente (40.16%), y en lo que respecta a la provisión económica, las familias están dirigidas por jefaturas masculinas (41%).

Lo relevante de este perfil, como se explicará posteriormente, es la incidencia que tiene en la aceptación de la tolerancia y el respeto a la diferencia sexual y de género. Se podría inferir que, al proceder de hogares con enlaces matrimoniales religiosos y con estructuras tradicionales en su composición interior, el estudiantado tendría una menor disposición para la apertura de espacios incluyentes en la universidad. Por ello, en el siguiente apartado se analizará la influencia de los valores y los procesos de socialización a los que los universitarios han sido expuestos.

Sistema de valores de los estudiantes universitarios en el oriente de Morelos

En este apartado se dará a conocer el sistema de valores adquiridos en los procesos de socialización de la población encuestada, mediante el análisis de dos agencias: el hogar y la escuela. Los valores sobre los cuales la encuesta tenía por objetivo indagar versaron sobre el respeto y tolerancia hacia las personas lgbtq+ y en cuanto a la formación de estereotipos y roles de género.

Esto es relevante, puesto que, en la historia familiar de los universitarios, 62.5% afirmó ser la primera generación de estudiantes en nivel superior, 33.2% la segunda y 5.3% dijo desconocer si sus familiares concluyeron una carrera universitaria. Asimismo, 11.7% tenía por lo menos “un familiar” perteneciente a la comunidad lgbtq+, 17.1% “un amigo”, 9.2% “conocía a alguien”, 7.3% contaba con “compañeros de universidad” y 55.3% “no conocía a nadie”. Los datos anteriormente enunciados podrían sugerir una menor apertura al diálogo y la tolerancia hacia las disidencias sexuales y orientaciones de género en los hogares, dado el historial educativo de los padres. No obstante, 69% afirmó haber recibido educación en el hogar sobre el respeto a las personas lgbtq+, 28% refirió “no haber recibido orientación alguna” y 3% prefirió “no contestar”.

Estos datos además reflejan que los padres, en cuanto a los valores que adquirieron a lo largo de su vida, han ido transitando hacia la tolerancia, de acuerdo con lo observado en la enadis de 2005. Una posible hipótesis explicativa sobre ello, y factible de explorar en investigaciones futuras, se encuentra en que las generaciones de 30 años y más han sido expuestas a otras agencias de socialización, que en 2005 no eran tan frecuentes —como las redes sociales y el cine— y que posibilitaron el acceso a una comunidad global más progresista.

Por ello, con el objetivo de testar las variaciones entre los valores inculcados en el hogar y las opiniones sobre la comunidad lgbtq+, se les preguntó abiertamente a los estudiantes sus percepciones en torno al tema (figura 1).

Figura 1
¿Qué opina usted sobre los grupos lgbtq+?


Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las opiniones más frecuentes, 53% fueron positivas, tendientes al reconocimiento, la igualdad y el respeto a la diferencia. Aunque 23% afirmó “no tener una opinión o [que] le es indiferente”, 11% es una minoría que expresó comentarios despectivos o negativos.

Para conocer la explicación de estas estadísticas se analizó el proceso de inculcación de estereotipos y roles de género, a través de interrogantes que tenían el propósito de indagar si los estudiantes, durante la educación básica, media y media superior, recibieron formación referente a las diferencias entre las categorías de sexo y género.

De acuerdo con los datos obtenidos, 78.63% respondió “haber recibido orientación”, 11.59% “no la recibió” y 9.78% “no contestó”. El tipo de medios de socialización a los que tuvieron acceso los alumnos en estas temáticas se observa en la figura 2.

Figura 2
¿De qué tipo fue la orientación recibida?


Fuente: Elaboración propia.

La asistencia a conferencias (27%) y las pláticas con docentes (24%) fueron los principales canales de información. No obstante, para corroborar la incidencia de estos medios de adquisición de información en cuanto al conocimiento sobre “sexo” y “género”, se les pidió que explicaran las diferencias y definiciones de ambos términos (figuras 3 y 4).

Figura 3
Conocimientos asociados al término sexo


Fuente: Elaboración propia.

Figura 4
Conocimientos asociados al término género


Fuente: Elaboración propia.

A partir de las figuras se puede observar que, en general, la comunidad universitaria ha recibido información que le permite distinguir, al menos en lo básico, las diferencias entre los términos. Sin embargo, el conocimiento de estos conceptos no es suficiente para analizar el impacto que han tenido en cuanto a la formación de estereotipos y roles de género. Debido a lo anterior, en la encuesta se trató de indagar la incidencia de la socialización escolar en estos tópicos (figura 5).

Figura 5
En su opinión, ¿cómo deben ser y parecer un hombre y una mujer?


Fuente: Elaboración propia.

Al categorizar las respuestas con respecto a la frecuencia y tipología que enunciaron los encuestados se obtuvo que, para el 47%, un hombre y una mujer lucirán y actuarán dependiendo de su autopercepción. Sin embargo, 21% los define mediante estereotipos y roles de género tradicionales. Un 8% los asocia con características biológicas derivadas del sexo al nacer y para un 15% no es relevante el aspecto o las formas de comportamiento de hombres y mujeres.

De estos datos se puede concluir que, aunque el porcentaje es mayor dentro de los estudiantes que muestran un cambio positivo en la disminución de los estereotipos y roles de género (62%), 29% es un grupo poblacional que conserva valores tradicionales, y que corresponde al 11% que expresó comentarios despectivos o negativos ante la diferencia de los géneros (figura 1). Ante estos porcentajes, el apartado siguiente tiene por objetivo analizar la incidencia de los valores hallados en la comunidad estudiantil en lo referente a sus actitudes y comportamientos con respecto a los espacios incluyentes.

Actitudes y comportamientos de la comunidad universitaria sobre los espacios incluyentes

En este apartado se analizan las actitudes y comportamientos más frecuentes en la comunidad estudiantil sobre la implementación del baño incluyente en el semestre agosto-diciembre de 2022. Este espacio, aunque es conocido por la mayoría de los estudiantes (91%), 47% afirmó no utilizarlo y 46% aseguró darle un uso frecuente.7 En cuanto al porcentaje de aceptación, 53% valoró como un “gran aporte” su apertura por parte de las autoridades universitarias y 38% opinó que podría “provocar conflictos por la apropiación del lugar” entre la comunidad estudiantil. Esta respuesta asociada a la generación de conflictos condujo a indagar en la encuesta las reflexiones que los estudiantes se estaban formando en torno a este espacio, a partir de dos aspectos.

En primer lugar, en la encuesta se preguntó sobre el público al que estaba dirigido el baño incluyente. El 47% afirmó conocer “quiénes deberían ser los usuarios” y 50% contestó “desconocerlo”. En segundo orden, se cuestionó a los universitarios sobre el significado semántico que le asignaban al baño incluyente (figura 6).

Las respuestas de la figura 6 adquieren relevancia, puesto que el significado que los alumnos le atribuyeron al baño incluyente incide en la percepción de su utilidad. Entre ellos, 56% considera que los estudiantes “le han dado uso apropiado”, mientras que 40% opina lo contrario. Además, 60% aseguró que el baño incluyente es “una medida para combatir la discriminación hacia las mujeres y hombres transgénero, personas no binarias, de género fluido o con alguna discapacidad”, 37% respondió que “no contribuye a estos fines”, ya que ocasionará diversos problemas, y 3% prefirió no contestar.

Figura 6
¿Podría decir quiénes deberían ser los usuarios del baño incluyente?


Fuente: Elaboración propia.

Al indagar sobre las problemáticas que, según la percepción de los alumnos, se generarían al implementar una política institucional de estas características, entre los obstáculos más frecuentes se ubicó con 22% la “no inclusión y falta de respeto entre los usuarios”, 11% detectó la “incomodidad de compartir el baño con personas de distinto sexo” y 8% aseguró que “la información institucional es insuficiente para conocer el propósito de la apertura de ese espacio” y que se requiere definir con claridad, desde las autoridades de la facultad, el significado del baño incluyente (figura 7).

Como consecuencia de estas percepciones, 33% consideró que el objetivo de la implementación del baño es “frenar la discriminación y generar inclusión y comodidad para la comunidad lgbtq+”, 41% consideró que este espacio se creó para “fomentar respeto e igualdad y generar comodidad para todos” y 5% señaló que su propósito es “cumplir una agenda política”.

En suma, del total de los encuestados, 63% evalúa positivamente esta política y considera que debería existir más de un baño incluyente en las instalaciones universitarias (33%). Sin embargo, aquellos que valoraron negativamente la apertura de este espacio (37%) y, consecuentemente, se negaron a la existencia de otros, explicaron que los motivos obedecen a las siguientes razones (figura 8): 34% aseguró que estos espacios reflejan “un inapropiado uso de los recursos con los que cuenta la facultad”, 19% consideró que “la comunidad lgbtq+ es escasa” y, por lo tanto, perciben estas medidas como “modas” (11%). Sin embargo, mayoritariamente consideraron que este tipo de acciones, especialmente un baño con estas características, en el largo plazo incidirá positivamente en los valores de la comunidad estudiantil (56%), reduciendo la discriminación (34%), así como los estereotipos y roles de género (66%).

Figura 7
¿Qué problemáticas ocasionaría la implementación del baño incluyente?


Fuente: Elaboración propia.

Figura 8
Explique por qué está en desacuerdo con la extistencia de otros baños incluyentes


Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

A partir del análisis anteriormente presentado, de la pregunta referente a cómo influyen los procesos de socialización del núcleo familiar y escolar de los universitarios en la percepción del baño incluyente, se obtuvieron los siguientes hallazgos:

En consecuencia, la hipótesis de trabajo que busca corroborar si los procesos de socialización de las agencias familiar y escolar se manifiestan en los estudiantes universitarios en la adquisición de valores tendientes al progresismo e inciden positivamente en la aceptación del baño incluyente y en una mejor adaptabilidad hacia la diversidad sexual y de género, se comprueba por tres razones:

  1. A partir de la evidencia empírica, se ha podido cotejar que las condiciones materiales y de vulnerabilidad social detectadas en el perfil sociodemográfico de la población encuestada no han imposibilitado el avance hacia los valores tolerantes de las disidencias sexuales y orientaciones de género, como se analizó en los incisos a y b. Principalmente porque la educación familiar y escolar han incidido en la formación de conocimientos y valores que permiten al estudiantado realizar distinciones entre las categorías de sexo y género.
  2. Estas nuevas enseñanzas a las que han sido expuestos los estudiantes han impactado en la disminución de estereotipos y roles de género, que, en conjunto con la socialización con grupos de pares pertenecientes a la comunidad lgbtq+, han sensibilizado a los estudiantes del oriente de Morelos sobre el respeto y la tolerancia a las disidencias sexuales y orientaciones de género.
  3. En consecuencia, las acciones institucionales para la implementación del baño incluyente han sido valoradas positivamente (63%), y se percibe entre los estudiantes que incidirán en la tolerancia, respeto e inclusión (74%). Sin embargo, con base en lo percibido y expresado por los universitarios, las áreas de oportunidad se encuentran en el sistema de comunicación y difusión institucional, para clarificar los objetivos de esas acciones y explicar el significado y los usos del baño incluyente, con el fin de evitar disputas por los espacios y conflictos ideológicos futuros.


Notas

1 La emergencia del progresismo es posible ubicarla en la disputa ideológica de 1864 entre reformistas y revolucionarios, que derivó en el surgimiento de la socialdemocracia. Su propuesta se basaba en extender las capacidades en lugar de las oportunidades, como una respuesta que abanderó la defensa del multiculturalismo, la conciencia ambiental y una forma distinta del ejercicio de la ciudadanía política. También se le ha conocido como posmaterialismo que, como se indicó, para que pueda florecer deben abatirse las brechas sociales. En México, la consolidación de los valores progresistas ha tenido por lo menos tres momentos: en los ideales trotskistas de 1930 del pensamiento crítico de las clases medias; en el movimiento de 1968 y lasdemandas de las disidencias sexuales, y en la emergencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) en 1976 y de las ideologías y valores posmateriales, como el feminismo, el ecosocialismo, el indianismo y el respeto a la diversidad sexual. Estos cambios lograron formar las trayectorias del movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero (lgbt) y de la movilización de los ecologistas en la década de 1980, así como cuatro reformas emblemáticas: el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo; la despenalización del aborto; el divorcio exprés, y el programa de acción climática (Ramírez y Granados, 2013).

2 De acuerdo con los datos obtenidos, 30.4% de la población encuestada había experimentado algún acto de discriminación por alguna de las condiciones señaladas.

3 Ello impacta en el porcentaje de percepción sobre la ayuda social. Los encuestados consideraron que el Estado (36.4%), los familiares (21.3%) y los grupos de pares (21.9%) deberían ser las principales redes de apoyo para que la comunidad homosexual accediera al empleo. Estos datos son relevantes, ya que el porcentaje de preferencia en cuanto a la ayuda del Estado es menor en estos grupos. Por el contrario, la población mexicana optaba por que se incentivara el apoyo social hacia los extranjeros (52.2%).

4 De acuerdo con los datos recuperados por la endiseg en 2021, 4.6 millones de mexicanos tienen una orientación sexual lgbtq+. De ellos, 51.7% se asume como bisexual, 26.5% como gay u homosexual, 10.6% como lesbiana y 11.2% con otra orientación. En cuanto a la orientación de género, 34.8% se considera transgénero y 65.2% de otro tipo. Con respecto a las brechas que caracterizan a estos grupos, se reflejan especialmente en el acceso a la educación: 37.3% cuenta con educación básica, 36.2% con educación media superior y 25.8% con educación superior. En cuanto al empleo, 64.3% se cataloga como población económicamente activa y 28.1% ha experimentado alguna forma de discriminación en el trabajo. Sin embargo, el rechazo al que esta población se enfrenta en los diferentes círculos de socialización ha impactado de forma considerable en su salud emocional: 26.1% ha pensado en suicidarse y 14.2% lo ha intentado al menos en una ocasión, principalmente por “problemas familiares y de pareja” (57.2%), “problemas en la escuela” (20.3%), “problemas de salud” (19.1%), “problemas económicos” (16.6%) y “problemas derivados a su orientación sexual y/o de género” (14%). Por otra parte, las estadísticas obtenidas en 2022 por la enadis reflejan que la población nacional encuestada afirmó, con 11.4%, que en México se respetan “mucho” los derechos de las personas gays o lesbianas, 28.2% respondió que “algo”, 44.1% “poco” y 12.7% “nada”. Asimismo, 54.4% manifestó estar de acuerdo en que personas del mismo sexo tuvieran derecho a la adopción de menores y 42.6% estuvo en desacuerdo. En cuanto a los grupos etarios con mayor inconformidad con este derecho se encontraron las personas de 60 años y más, con 60.7%. Con respecto a la tolerancia hacia las parejas del mismo sexo, ante la afirmación de que “se justifica que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja”, 23.7% respondió que “mucho”, 16.5% “algo”, 26.3% “poco” y 43% “nada”. Además, 33.4% manifestó tener algún rechazo a rentar una vivienda a grupos transgénero, transexual o travesti, 29.8% a personas gays o lesbianas y 32.5% estaría en contra de que algún hijo(a) se casara con una persona del mismo sexo.

5 Siglas compuestas por las diferentes categorías para referirse a las disidencias sexuales: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. El signo “+” representa a los grupos no mencionados en las siglas.

6 Para la determinación de la muestra se empleó el siguiente cálculo: z2 Npq / e2 (N-1) + z2 pq.

7 Sin embargo, estos datos no corresponden con lo verificado durante el desarrollo de la investigación, puesto que se observó una preferencia hacia los baños segmentados por sexos.



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