The necropolitical context and data on forced internal displacement in Mexico
Joel Ruiz Sánchez
orcid: 0000-0002-2459-8452/joel.ruiz@uaem.mx
Facultad de Estudios Sociales (fes), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)
resumen
Este artículo analiza, desde el concepto de necropolítica, la relación
entre la violencia delictiva y el desplazamiento interno forzado
en México durante un periodo en el que se incrementó la
presencia de grupos de delincuencia organizada, que coincidió
con la puesta en marcha de una estrategia de seguridad basada
en el combate directo contra organizaciones criminales. Se
examinan las dimensiones del desplazamiento interno forzado
a partir de cifras reportadas por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (cndh) y la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos (cmdpdh). Se concluye
que existe una invisibilización jurídica, política y social que no
permite dimensionar la magnitud del problema ni posibilita la
creación de instrumentos de política pública para atenderlo.
abstract
This article analyzes, from the concept of necropolitics, the relationship
between criminal violence and forced internal displacement
in Mexico during a period in which the presence of
organized crime groups increased, coinciding with the implementation
of a security strategy based on in the direct combat
of criminal organizations. The dimensions of forced internal
displacement are examined based on figures reported by
the National Human Rights Commission (cndh) and the Mexican
Commission for the Defense and Promotion of Human Rights
(cmdpdh). It is concluded that there is a legal, political and social
invisibility that has not allowed to measure the magnitude
of the problem nor has it made possible the creation of public
policy instruments to address it.
palabras clave
necropolítica, violencia, guerra contra el narcotráfico,
delincuencia organizada, desplazamiento forzado
key words
necropolitical, violence, war on drugs, organized crime,
forced displacement
Introducción
El desplazamiento interno forzado a consecuencia de la violencia delictiva que ha imperado
en México en los últimos años se ha convertido en uno de los principales problemas que
enfrenta el país en la actualidad. La lucha contra el narcotráfico emprendida en un inicio por
Felipe Calderón a partir de 2007 y extendida después por Enrique Peña Nieto sumergió al
país en un baño de sangre que aún continúa. Las consecuencias de esta especie de guerra
civil se han sentido en todas las esferas de la vida pública de México y han impactado de
forma negativa en lo político, lo económico y lo social.
El desplazamiento interno forzado es una de las consecuencias más dolorosas que ha generado
este conflicto, pues, desde sus inicios, una gran cantidad de personas se han visto
obligadas a abandonar sus lugares de origen y residencia por haber experimentado en carne
propia los efectos de esa lucha, ya sea en forma directa o indirecta. A pesar de la magnitud
del fenómeno, existe una incipiente documentación sobre éste, fundamentalmente
porque se le asocia con la migración económica. Los datos que hoy tenemos han sido recabados
por agencias e instituciones internacionales, así como por organismos protectores de
los derechos humanos.
El presente artículo inicia con la disección de algunas categorías que vertebran la discusión,
como el concepto de necropolítica, propuesto inicialmente por Achille Mbembe (2011),
y la categoría de desplazamiento forzado interno. En segundo término se centra en la contextualización
de las situaciones de violencia que han detonado el desplazamiento interno
forzado. A partir de ello, se examinan las cifras reportadas por diversas instancias interesadas
en documentar, aunque de forma parcial, esta realidad. Con base en ese análisis, se puede
concluir que existe un desinterés gubernamental que propicia una suerte de invisibilización
jurídica, política y social que no permite apreciar la complejidad del fenómeno y sus reales
implicaciones. Lo anterior imposibilita la creación de instrumentos jurídicos y políticas públicas
que atiendan de manera integral a todas las personas desplazadas por la violencia criminal.
Esto permite establecer que el Estado es parte de las prácticas necropolíticas que han
venido agudizando el desplazamiento interno forzado en México durante los últimos años.
La necropolítica como categoría de análisis del desplazamiento interno forzado
Para entender el concepto de necropolítica es necesario contraponerlo a otra categoría muy
importante en el contexto de las discusiones teóricas sobre el poder, la vida y la muerte (Barrios
y Sánchez Carballo, 2020). Nos referimos al concepto de biopolítica, formulado por el filósofo
francés Michel Foucault, mediante el cual expuso las formas en las que el Estado moderno
gestiona y disciplina las formas de vivir en la sociedad moderna. Es decir, se trata de
una política que, en palabras de Estévez (2018a), se centra en la regulación de la población
como cuerpo político y no como cuerpo individual.
En este sentido, la propia Estévez (2018a) nos dice, por el contrario, que el término necropolítica:
se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos
tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual
y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y
sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (p. 10).
Al respecto, Barrios y Sánchez Carballo (2020) plantean que con las prácticas del necropoder
el Estado decide qué sectores de la población merecen vivir y cuáles no. En este sentido,
Estévez y Vázquez (2019) se basan en Valencia (2010) para afirmar que los cuerpos se convierten
en una mercancía, y su cuidado, conservación, libertad e integridad son productos
relacionados (p. 82).
Para Valencia, según refieren Estévez y Vázquez (2019), los grupos que forman parte del
crimen organizado en México y que configuran una parte de la necropolítica:
ejercen un poder de opresión análogo al del Estado y se han convertido en un estado paralelo
que reconfigura la biopolítica y utiliza técnicas que Valencia denomina necroprácticas
— acciones radicales dirigidas a infligir dolor, sufrimiento y muerte—. Al igual que
el Estado legítimo, su contraparte criminal pretende tener el control sobre el territorio, la
seguridad y la población, es decir, de gobernar a través de la explotación de los recursos
nacionales y las personas y de la venta de seguridad privada. Controlan los cuerpos de
hombres y mujeres, haciéndolos mercancías de intercambio o consumidores de los bienes
ofertados en el narcomercado (p. 84).
Así, el término necropolítica nos sirve para ilustrar el fenómeno de la violencia del narcotráfico
como un espacio en el que a la vida se le da un valor superfluo; un espacio en el
que la vida se transforma en una mercancía que se puede subastar por los poderes oscuros
que detentan los grupos del crimen organizado en México. En esta tesitura, Mbembe
(2011, p. 75) lo ilustra diciendo que la política de la muerte y el poder de la muerte subrayan
“la creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en la que numerosas
poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia que les confieren el estatus
de muertos-vivientes”. Es evidente que en las muchas regiones de México donde han
proliferado grupos de la delincuencia organizada dedicados al tráfico y comercialización de
drogas, al secuestro, al cobro de piso y la extorsión, se han creado las condiciones idóneas
para configurar un escenario de violencia e inseguridad pública que permite identificar un
conjunto de hechos que, sin duda, pueden ser catalogados como parte constitutiva de una necropolítica. La gestión de la vida y la muerte por parte de estos grupos delictivos se ha convertido
en una práctica cotidiana en vastas zonas del país.
Asimismo, la participación del Estado mexicano es otro factor que abona a la aparición
de este contexto en el que predomina una especie de necropoder. El combate frontal de
la delincuencia organizada ha exacerbado las pugnas y rivalidades entre los distintos carteles
dedicados a diversas actividades delictivas. A ello habría que agregar las erráticas estrategias
de seguridad pública puestas en marcha por el gobierno mexicano en los últimos
sexenios, que no han logrado terminar con el clima de violencia e inseguridad que prevalece
en casi todo el país. En este sentido, un Estado que no cumple con su función de brindar
seguridad a los ciudadanos o que abandona a sectores importantes de población —al
no proporcionarles mecanismos de protección— contribuye, por acción u omisión, a esta
política de muerte.
Es así que el desplazamiento interno forzado puede considerarse como una de las consecuencias
de la violencia que impera en casi toda la geografía de México. Los desplazados
son personas que, además de experimentar este clima de horror, de sufrir amenazas y persecución,
son invisibilizadas, borradas del mapa, ya que este tipo de movilidad, por su propia
naturaleza, no es reconocida ni contabilizada por las instancias gubernamentales; y si existe
este reconocimiento es parcial, lo que se traduce en una ausencia de instrumentos de política
pública que permitan la gestión del problema. Este tipo de omisiones propicia que el
Estado se vuelva cómplice, que participe y se convierta en gestor de las políticas de muerte
que imperan en su territorio.
Como categoría de análisis, la necropolítica es muy útil porque permite, en lo general, dar
cuenta de las vicisitudes y de las múltiples y variadas caras de la violencia criminal en el contexto
mexicano y, en lo particular, de uno de los fenómenos que de ello se derivan: el desplazamiento
interno forzado. La categoría en cuestión permite observar y analizar el contexto en
el que surge este problema, así como las especificidades de uno de los fenómenos más relevantes,
pero de poco o nulo reconocimiento público en el México actual.
Breve panorama de la violencia criminal en el México contemporáneo
Hablar de la violencia en el contexto mexicano contemporáneo no es algo sencillo, pues
cuando se emplean los términos de delincuencia común, crimen organizado y organizaciones
criminales entramos a un terreno por demás complejo, ya que el conjunto de actividades
que abarca es diverso. Como lo ha sostenido Bailey (2014), el crimen es un tipo de conducta
que se lleva a cabo por “comisión u omisión que viola las leyes formales establecidas
en la esfera gubernamental” (p. 124). La criminalidad como tal y los tipos de comportamientos
que se derivan de ésta son, por supuesto, una construcción social; sin embargo, hay que
plantear algunas distinciones en este sentido.
Asimismo, Bailey (2014) explica que la delincuencia organizada se diferencia de la común
por dos factores fundamentales: el tiempo y las cifras. El primer aspecto tiene que ver con el
tipo de actividades, las cuales requieren de una planeación precisa y de la participación de
muchos agentes. En este tenor, la noción de delincuencia organizada da cuenta de la confluencia
de muchos grupos criminales, varios de ellos con jerarquías delimitadas, rígidas y
piramidales, en los que se asume un compromiso y lealtad a largo plazo; aunque también existen
organizaciones más flexibles y sin jerarquías visibles. La otra característica que permite
establecer dicha diferencia tiene que ver con las dimensiones económicas de las actividades
que llevan a cabo las organizaciones delincuenciales, lo que algunos estudiosos del tema
(Bailey, 2014; Gledhill, 2017; Monreal, 2016) han denominado economía del delito o economías
ilegales, que mueven cientos de millones de dólares al año en el circuito económico
internacional.
Debido a lo anterior, la violencia como fenómeno social se ha convertido, desafortunadamente,
en una de las manifestaciones más problemáticas y peligrosas en México en los
últimos años. En sus diferentes expresiones, ya sea en forma de delincuencia organizada o
común, ha provocado una ola de efectos de magnitudes insospechadas en los ámbitos económico,
político y social. Esta violencia tiene las características de lo que Kaldor (2012) ha definido
como las nuevas guerras; a diferencia de las antiguas, en las que participaban Estados
en conflictos beligerantes, ahora tienen la característica de que intervienen grupos privados,
como los criminales y paramilitares que participan en la economía del delito, y cuyas conexiones
van de lo local a lo global.
En una línea de pensamiento semejante, Schedler (2015) sugiere que este tipo de lucha
o confrontación entre el Estado y las organizaciones delictivas asume la forma de una guerra
civil, pues en esencia lo que ocurre es un tipo de confrontación entre grupos dentro de
un mismo territorio. El autor denomina a este proceso democracia en guerra civil económica,
pues el interés fundamental es de carácter económico, razón por la que ésta queda desprovista
de una agenda ideológica y política que otorgue mayor sustento a las estrategias de
combate al crimen organizado en todo el territorio.
Ya pasaron quince años desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la
guerra a los grupos del crimen organizado por medio del despliegue de las fuerzas federales,
incluidos el Ejército y la Marina. Esta estrategia de seguridad recibió múltiples críticas,
principalmente por el hecho de que no se fundamentó con un diagnóstico preciso y riguroso
acerca de las características y magnitud del fenómeno. A su vez, como sostiene Pereyra
(2012), no se tomó en cuenta que las formas tradicionales de regulación del mercado de las
drogas fueron modificándose desde los años noventa; ello supuso cambios importantes en
la relación que históricamente habían mantenido dichos grupos con los gobiernos en turno, pues se rompieron viejos pactos y acuerdos que soportaban el aparente clima de tranquilidad
que prevaleció durante esos años.
Dicha estrategia supuso graves riesgos. El más visible fue lanzar a las fuerzas armadas a
combatir a un enemigo del cual no se tenía una comprensión verídica. Estas acciones no fueron
precedidas de un diagnóstico que permitiera detectar lo dispersos que estaban los grupos
delictivos por casi toda la geografía del país y, sobre todo, que había una cierta conexión
de facto con sectores de la sociedad civil y autoridades de los diferentes niveles de gobierno,
lo que hacía más difícil la operación de la estrategia de seguridad.
Del mismo modo, el tipo de estrategia y las acciones concretas de combate dieron origen
a una guerra sucia con carácter extrajudicial que a su vez dio pie a la tortura y la desaparición
forzada, llevada a cabo en muchas ocasiones contra personas inocentes sin relación con el
crimen organizado. En este contexto, la violación a los derechos humanos por parte de los
diferentes cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas fue una constante. Estas consecuencias
indeseadas fueron calificadas por Calderón como “daños colaterales”.
Otra de las consecuencias de esta violencia es que las actividades tradicionales a las
que se dedicaba la mayoría de las organizaciones criminales (trasiego y comercialización de
drogas) dejaron de ser las únicas, pues se comenzaron a diversificar y se sumaron el secuestro,
la extorsión, trata de personas, ordeña de ductos y el robo a transporte de carga, entre
otras. Lo que vino después fue la agudización del conflicto, pues se militarizó el país y las diversas
manifestaciones de violencia se incrementaron, dando origen a una escalada de muertes
que, en términos de Mbembe (2011), puede ser catalogada como una necropolítica, pues
propició la muerte de muchos inocentes, así como desapariciones forzadas y fabricación de
culpables por parte del Estado mexicano.
Al expandirse el rango de acción de los grupos delictivos, en muchas regiones de México
se comenzaron a experimentar los efectos. Se pusieron a la orden del día todas y cada
una de las nuevas actividades emprendidas por estos grupos. En este sentido, una de las
consecuencias más evidentes de esta violencia criminal en México es el resquebrajamiento
del tejido social, que se manifiesta a través del miedo, la desconfianza y la delirante paranoia
social que ha prevalecido a lo largo y ancho del país en la última década. Como sostiene
Atuesta (2018), las consecuencias negativas que tuvo esta lucha a partir de la militarización
del país han sido mayores que los beneficios, pues sus resultados son bastante pobres
hasta la fecha.
Ante este escenario, sectores importantes de la población comenzaron a sentir sus efectos
directos, como la internalización del miedo y el temor, aspectos que configuraron el imaginario
social sobre la delincuencia organizada. Estos nuevos procesos han ocasionado con
el paso del tiempo un nuevo fenómeno: el desplazamiento forzado interno a causa de la violencia del crimen organizado, sobre todo en aquellas regiones con presencia más intensa
de los grupos delincuenciales y del crimen organizado.
Las cifras del desplazamiento interno forzado en México, 2016-2019
En la última década, México ha venido experimentando una incontrolable violencia a causa
de la actuación y el combate al crimen organizado en la mayor parte de su territorio. Esto ha
orillado a miles de personas a abandonar sus lugares de residencia, como consecuencia de
haber experimentado los efectos negativos de dicho fenómeno, por ejemplo, secuestro, extorsión,
amenazas, entre otros delitos. A lo largo de la geografía del país son innumerables
los casos de desplazamiento forzado que se observan desde la puesta en marcha de la estrategia
de seguridad pública implementada por el expresidente Felipe Calderón en 2007.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh, 2016), se estimó
que en el año 2016 había 150 000 desplazados forzados de manera interna en el país, la gran
mayoría a causa de la violencia criminal que se padece desde el 2007. Por otra parte, las cifras
recabadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(cmdpdh, 2017) revelan que 22 572 personas se desplazaron a otras regiones del territorio nacional
durante 2016. Las entidades federativas en las que sucedieron estos eventos fueron 12.
En total, ocurrieron 29 eventos de desplazamiento forzado masivo en dicho año, que afectaron
principalmente a mujeres, niños y ancianos (tabla 1).
Tabla 1
Eventos de desplazamiento interno forzado en México, 2016
| Estado |
Número de eventos |
Personas |
Municipios |
| Chiapas |
4
| 1 117
| 3
|
| Chihuahua |
3 |
4 747
| 2
|
| Guerrero |
7 |
1 650 |
3
|
| Michoacán |
1 |
10 000
| 2
|
| Sinaloa |
6 |
4 208 |
1
|
| Oaxaca |
2 |
850 |
2
|
| Total |
23 |
22 572 |
13
|
Fuente: Elaboración propia.
Como podría esperarse, los estados con una mayor cantidad de migrantes forzados son
aquellos con mayor presencia histórica de organizaciones del crimen organizado, es decir, que
se remonta a varios años atrás. Entre ellos sobresalen Sinaloa y Michoacán, que en conjunto
suman 14 208 casos, concentrados en municipios donde se ha reportado mayor presencia de grupos de la delincuencia organizada; además, surgieron autodefensas comunitarias que partían
de la idea de combatir a estos grupos más allá de los márgenes institucionales formales.
Para el año 2017, los datos nos hablan de una realidad escalofriante, pues el conteo llevado
a cabo por la propia cmdpdh (2017), que fue presentado ese mismo año, estimó que 329 917
personas habían dejado su lugar de residencia para escapar de las amenazas de las bandas
criminales. Asimismo, presenta los datos desglosados, en los que se aprecia que fueron 20 390
casos de desplazamiento forzado interno en el país.
Se destaca de nuevo que sólo tres estados concentran el 73.59% de los desplazamientos
forzados internos en el país: Chiapas, Guerrero y Sinaloa, donde ocurrieron 15 005 casos. La
situación de Chiapas es representativa, pues si bien es cierto que no ha escapado a la presencia
y actuación del crimen organizado en los últimos años, los desplazamientos han sido
ocasionados en su gran mayoría por conflictos étnicos, sociales y territoriales entre distintos
grupos. En los demás casos, la cmdpdh (2017) documentó que los eventos de desplazamiento
fueron causados por ataques armados a la población civil, enfrentamientos armados entre
grupos delincuenciales rivales o por proyectos de desarrollo, específicamente en el ámbito
de la minería (tabla 2).
Tabla 2
Desglose del desplazamiento interno forzado en México, 2017
| Estado |
Número de eventos |
Personas |
Municipios |
| Chiapas |
3
| 6 090
| 4
|
| Chihuahua |
3 |
693
| 2
|
| Coahuila |
1 |
47 |
1
|
| Durango |
1 |
365
| 2
|
| Guerrero |
7 |
5 948 |
7
|
| Michoacán |
2 |
1 350 |
2
|
| Oaxaca |
3 |
2 700 |
3
|
| Sinaloa |
5 |
2 967 |
5
|
| Zacatecas |
1 |
230 |
1
|
| Total |
25 |
20 390 |
27
|
Fuente: Elaboración propia con datos de la cmdpdh sobre el desplazamiento interno forzado en México.
Por otro lado, respecto a las cifras del año 2018, el informe de la cmdpdh (2018) destaca que
se presentaron 25 eventos masivos de desplazamiento forzado interno producto de los elevados
niveles de violencia en territorio mexicano.
Como resultado de lo anterior, fueron afectadas 11 491 personas en distintos estados del
país. En la mayoría de los casos (20 eventos), los desplazamientos estuvieron asociados a hechos
relacionados con la delincuencia, es decir, la actuación de grupos armados pertenecientes
a bandas del narcotráfico y el crimen organizado. Los cinco casos restantes fueron
por violencia política, conflictos sociales y territoriales. Como se observa, se repite la tendencia
de años anteriores respecto a los estados en los que ocurren estos episodios, que son
aquellos en los que hay mayor presencia histórica de grupos delictivos. Aunque en el citado
informe se reporta una disminución del número de personas afectadas, lo cierto es que la
tendencia sigue al alza, pues es indudable que hay cifras que no pueden documentarse debido
a que se trata de un desplazamiento que también se desarrolla de forma individual o en
grupos muy pequeños, es decir, gota a gota, como ya se ha mencionado.
Por otro lado, el desglose del desplazamiento interno forzado en el año 2018 permite establecer
que las cifras no son muy distintas a las de años anteriores. Aunque hubo una ligera
disminución, ésta no es muy significativa (tabla 3).
Tabla 3
Desglose del desplazamiento interno forzado en México, 2018
| Estado |
Número de eventos |
Personas |
Municipios |
| Guerrero |
13
| 5 056
| 8
|
| Chiapas |
4 |
5 035
| 4
|
| Sinaloa |
6 |
860 |
4
|
| Oaxaca |
1 |
300
| 1
|
| Michoacán |
3 |
240 |
3
|
| Total |
251 |
11 491 |
20
|
Fuente: Elaboración propia con datos de la cmdpdh sobre el desplazamiento interno forzado en México.
Conclusiones
La política de muerte que prevalece en el país, en la que están involucrados grupos de la delincuencia
organizada, pero también autoridades en sus distintos niveles y jerarquías, ha condenado
a miles de personas a la desprotección, al destierro; a convertirse en desechos, en individuos
invisibles porque se les niega el derecho más primario y elemental: el derecho a la
vida, porque el Estado parece haber renunciado a cumplir con la obligación de brindarles seguridad
y garantías para la conservación de ésta.
Así, la prevalencia de una suerte de necropolítica en México ha propiciado el desplazamiento
forzado interno, una de sus consecuencias más graves y dramáticas. Esto genera múltiples
consecuencias negativas, como la fragmentación del tejido social y de la familia, el deterioro
de la calidad de vida de los desplazados, la pérdida de seres queridos, el desarraigo
y la pérdida de la identidad. Los costos que genera el desplazamiento terminan siendo muy
altos, pues los desplazados y sus familiares están expuestos a un sinnúmero de situaciones
que van erosionando paulatinamente su bienestar físico y emocional.
Ante este tipo de circunstancias, los desplazados quedan en total indefensión y en una
condición de vulnerabilidad extrema, pues en el país no existen mecanismos de protección
que les brinden una atención integral. Como ya se vio, hay muchos vacíos legales y políticos
que provocan que este fenómeno sea invisible a los ojos de autoridades e instituciones.
Se requiere, por lo tanto, del compromiso decidido del gobierno para asumir su responsabilidad
y reconocer la magnitud del problema. Al hacerlo, sentaría las bases para el diseño de
políticas públicas que atiendan de manera puntual y eficiente dicha situación.
En meses recientes se ha avanzado en esta dirección con las reformas al Código Penal
Federal, aprobadas por la Cámara de Diputados de México, en las que se tipificó el desplazamiento
interno forzado como un delito. Se establecieron de seis a doce años de prisión a
quien, de forma individual o colectiva y mediante violencia realizada contra una persona o
grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar de residencia. Sin embargo, estas medidas
son insuficientes, pues no ponen el acento, por un lado, en la atención primaria, es decir,
en las causas que generan el desplazamiento forzado, y, por otro, en las consecuencias
negativas que esto origina en los desplazados. La invisibilización no es sólo jurídica, sino también
social y política. Mientras no se diseñen instrumentos complementarios que den pie a
la atención integral del problema, no podrán visibilizarse sus verdaderas dimensiones e implicaciones.
Ésta es la gran deuda que tiene el Estado mexicano con una buena parte de sus
ciudadanos, pues la simple penalización no resuelve el problema.
Notas
1 “Dos de los 25 episodios registrados describen sucesos en los que las personas se desplazaron de localidades
pertenecientes a los estados de Guerrero y Michoacán, de manera que fueron incluidos en el conteo
de episodios de ambos estados. De esta forma, aunque en la tabla la suma total de la columna de número de
episodios por estado sea de 27, para el registro final se mantiene que el número total de episodios ocurridos
en 2018 es de 25” (cmdpdh, 2018, p. 133, nota 4).
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