Youth in Morelos today: navigating precarity and violence
Luz Marina Ibarra Uribe
orcid: 0000-0002-0808-5518/marina.ibarra@uaem.mx
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (fesc), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)
César Darío Fonseca Bautista
orcid: 0000-0001-5308-1295/cesarfonseca@uaem.mx
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 76 (cbtis)
La juventud en el estado de Morelos enfrenta una situación crítica marcada por la desigualdad educativa, la exclusión social y la violencia estructural. A través del análisis de datos, este artículo analiza cómo los rezagos persistentes en la educación media superior (ems), el abandono escolar y la limitada oferta laboral formal generan un escenario de alta vulnerabilidad para miles de jóvenes. La inseguridad, la corrupción institucional y la falta de oportunidades han contribuido a normalizar entornos de violencia en comunidades escolares y espacios públicos. A esta realidad se suman fenómenos como el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales, la naturalización de la violencia y la descomposición del tejido social.
juventud, abandono escolar, violencia estructural, educación media superior, tejido social
Young people in the state of Morelos face a critical situation marked by educational inequality, social exclusion, and structural violence. Through data analysis, this article examines how persistent shortcomings in upper secondary education, school dropout rates and limited formal employment opportunities create a highly vulnerable situation for thousands of young people. Insecurity, institutional corruption and a lack of opportunities have contributed to normalizing enviroments of violence in school communities and public spaces. Also, added to this reality are phenomena such as the recruitment of minors by criminal groups, the normalization of violence, and the breakdown of the social fabric.
youth, school dropout, structural violence, upper secondary education, social fabric
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (sep), la educación media superior (ems) ofrece una formación que promueve la reflexión, la búsqueda de información y la apropiación del conocimiento en múltiples espacios de desarrollo. Este tipo educativo, que incluye el bachillerato en sus diferentes modalidades y el profesional técnico, debe formar personas autónomas, con conocimientos y habilidades que les permitan transitar a estudios terciarios e incorporarse al mercado de trabajo, según el artículo 44, capítulo iii, de la Ley General de Educación (2019).
Para lograr este objetivo, la ems debe dotar a los estudiantes de herramientas para tomar decisiones que mejoren su calidad de vida, por lo cual se promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales que los orienten para descubrir sus intereses, talentos y aptitudes. Al ser un tipo formativo, también inculca valores éticos y cívicos, y fomenta el pensamiento crítico, reflexivo y responsable, con el fin de desarrollar sus potencialidades y prepararlos para adaptarse a los cambios sociales, económicos y políticos de los diversos contextos en los que se desenvuelvan. En términos generales, se espera que los jóvenes influyan positivamente en su comunidad y en la sociedad. En pocas palabras, aspira a formarlos para la vida.
En México, la ems ha sido históricamente el tipo educativo con mayores rezagos dentro del sistema nacional, que abarca la educación básica, la ems y la educación superior. En la última década esto ha llamado la atención tanto de especialistas como de la sociedad en general, debido a sus pobres resultados y al atraso que reflejan varios de sus principales indicadores, como los bajos niveles de cobertura y los altos índices de reprobación y desafiliación escolar.
En este contexto, la situación de las y los jóvenes en Morelos que cursan —o deberían estar cursando— la ems se vuelve especialmente preocupante. Además de enfrentar los desafíos propios del sistema educativo, muchos de ellos viven en entornos marcados por la inseguridad, la exclusión, y por la falta de oportunidades y espacios tanto de formación como laborales.
Este artículo analiza cómo la cobertura educativa limitada y los altos niveles de desafiliación escolar en la ems colocan a cientos de jóvenes en Morelos en una situación de alta vulnerabilidad. A través de cifras oficiales se muestran los riesgos asociados a la exclusión educativa y cómo éstos se agravan en un contexto de violencia social creciente. En este marco, el análisis se orienta por las siguientes preguntas: ¿cómo impactan la exclusión educativa y el abandono escolar en la vulnerabilidad de las y los jóvenes en Morelos frente al crimen organizado y la violencia estructural?, ¿de qué manera la normalización del crimen y la debilidad institucional agravan los riesgos sociales para las juventudes en contextos escolares y comunitarios?, ¿qué respuestas ha dado el Estado mexicano ante esta problemática, y qué limitaciones enfrenta la Nueva Escuela Mexicana (nem) para atender de forma estructural las condiciones de riesgo juvenil?
En el estado de Morelos, para el año 2025, se registró una matrícula de 83,245 jóvenes en ems, distribuidos en 287 planteles ubicados en los 36 municipios de la entidad. De esta matrícula, el 47.9% cursaba el bachillerato general, mientras que el 47.4% asistía a bachilleratos tecnológicos. El porcentaje restante corresponde a jóvenes que estaban inscritos en programas terminales de tipo técnico profesional (Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa [dgppyee], 2024). En total, esta población representa el 4.2% de la población estatal.
En cuanto a los indicadores educativos en la ems, Morelos reporta una cobertura escolar del 75.7%, una tasa de reprobación de 10%, un abandono escolar de 12.6% y una eficiencia terminal del 67.9%, Si bien se ha logrado reducir gradualmente el abandono escolar —de 17.2% en el ciclo 2017-2018 a 12.6% en el periodo 2023-2024—, los resultados de avances en este rubro en la entidad siguen siendo inferiores al promedio nacional (dgppyee, 2024).
Lo más preocupante es que poco más de cuarenta mil jóvenes en edad de cursar el bachillerato no están inscritos en el sistema educativo ni integrados al ámbito laboral formal. Esto los coloca en una situación precaria, expuestos a riesgos derivados de la violencia social y la presencia del crimen organizado en la entidad.
Este fenómeno, si bien alarmante en Morelos, no es exclusivo de esta entidad. A nivel nacional, la ems también enfrenta cifras preocupantes, no obstante los avances logrados. Para dimensionar el problema diremos que, para el ciclo escolar 2013-2014, alrededor de 650,000 jóvenes abandonaron las aulas del bachillerato. Esto equivale a que tres mil estudiantes dejaron de asistir a la escuela cada día, tomando como base el calendario escolar de doscientos días de clase. En el último registro emitido por la autoridad educativa federal, una década después, correspondiente al ciclo escolar 2023-2024 (dgppyee, 2024), el abandono escolar se redujo a 430,000 jóvenes. Aún con esa disminución, esto no deja de representar un grave problema educativo con profundas repercusiones sociales y económicas. La situación se agrava al considerar que, en México, la oferta de empleos formales es muy limitada y está distribuida de forma desigual en el territorio nacional.
Según las fuentes oficiales, entre 2019 y 2024, Morelos mantuvo una tasa de desempleo juvenil consistentemente inferior al promedio nacional, destacando por su baja desocupación en todos los grupos de edad; sin embargo, dentro del estado existen desigualdades regionales importantes. La región oriente, que incluye municipios como Cuautla, Ayala y Yautepec, presenta menores niveles de desarrollo y oportunidades laborales formales. La ciudad de Cuautla, segunda en importancia a nivel estatal, concentra una parte significativa de la población desempleada, al ser un polo económico al que acuden las y los jóvenes de municipios aledaños en busca de empleo. Esta zona enfrenta desafíos, como la baja diversificación económica, migración laboral y problemas de seguridad, que afectan el acceso al empleo juvenil (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2020; Meza, 2024).
A lo anterior se suma un entorno social cada vez más violento, que desde hace dos décadas ha estado marcado por niveles de criminalidad nunca antes vistos, ni en el país ni en el estado de Morelos, con altas tasas de juvenicidios y feminicidios. Esta violencia es producto de las disputas entre grupos del crimen organizado por el control de territorios —pueblos, ciudades o regiones completas— y de actividades delictivas de alto impacto, como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, entre otros. Todo ello se ve facilitado por la ineficiencia del Estado para combatirlo, así como por la colusión de cuerpos policiacos y autoridades que, en muchos casos, actúan en contubernio con estas organizaciones delictivas.
De acuerdo con Macleod (2022), la impunidad, la corrupción y la colusión de las fuerzas de seguridad y justicia, en complicidad con el crimen organizado y los partidos políticos, han dado lugar a diversas formas de violencia cotidiana que afectan gravemente a la población morelense. Esta realidad se inserta en una espiral ascendente de violencia social, que ha colocado a México entre los países con el mayor número de ciudades violentas en América Latina. Tal contexto afecta también a las instituciones, incluidas las educativas, como advierten Garzón, De la Cruz y Nambo (2021).
La Constitución establece que el Estado mexicano debe garantizar que las y los jóvenes egresados de la educación básica cuenten con un lugar asegurado en la ems, y que la cursen y egresen con una formación académica pertinente y de excelencia que a su vez les permita incorporarse a la educación superior o al mercado laboral.
En la realidad, este precepto constitucional no se ha cumplido cabalmente desde 2012, lo que ha agudizado una situación ya de por sí crítica. La juventud queda entonces ubicada como un conglomerado de alto riesgo, frente a la ausencia del Estado, la falta de sensibilidad ante el problema y la inexistencia de políticas públicas estatales que atiendan, contengan o reviertan esta alarmante situación.
El panorama actual de México, y prácticamente de toda América Latina, muestra altos niveles de violencia y criminalidad, especialmente en las grandes ciudades, como lo reportan la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (2002). Los estudios en este campo han vinculado este fenómeno a múltiples causas. Algunos investigadores, como Gómez Hernández y Gómez-Maqueo (2016), encuentran su origen en los procesos de exclusión social, pobreza y recesión económica, así como en los incipientes modelos democráticos que prevalecen en muchos países de la región.
Otros autores atribuyen esta situación a los procesos políticos de la globalización y a la ideología neoliberal que, al priorizar las leyes del mercado, provocan una transformación en las funciones del Estado. Esto ha derivado en la reducción del gasto social y la desatención —e incluso la desaparición— de servicios públicos esenciales, como la educación, lo que a su vez profundiza las tasas de desocupación y amplía los niveles de pobreza (Briceño, 2002; Vuanello, 2005).
En cualquiera de los casos, resulta indudable que, dentro del amplio espectro social de afectados, las y los adolescentes y jóvenes son, hoy por hoy, las principales víctimas de esta situación. Sus oportunidades de formación, desarrollo y movilidad social y económica se han visto canceladas, y en muchos casos estos jóvenes terminan incorporados o empleados por organizaciones criminales.
En el caso particular de México, y de acuerdo con datos del inegi, desde 2006, cuando el Estado mexicano le declaró la guerra a los grupos de narcotraficantes, se registra un promedio de veintiséis jóvenes, con edades entre 15 y 29 años, asesinados cada día. Es decir, cada hora pierde la vida un joven, casi el doble de lo que ocurría en la década de 1990 (Arista, 2023).
Las y los jóvenes mexicanos se han convertido en un blanco prioritario para las organizaciones criminales: son reclutados para realizar actividades ilícitas, asesinados al ser confundidos con miembros de carteles rivales o simplemente desaparecidos.
A este fenómeno, Valenzuela lo ha denominado juvenicidio, un concepto con el que explica la muerte sistemática, persistente y dirigida de jóvenes, especialmente de aquellos que viven en condiciones de exclusión social y económica. Según este autor, estos jóvenes son tratados como sujetos prescindibles, sin protección legal ni valor humano dentro del contexto del crimen organizado y la violencia estructural (Valenzuela, 2015).
Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (redim), aproximadamente 35,000 niñas, niños y adolescentes forman parte de grupos delictivos organizados, donde son utilizados para cometer delitos como secuestro, trata de personas, extorsión, contrabando y corrupción.
A dos décadas de que la violencia social y criminal comenzara a mostrar en México rostros inéditos, muchas de las actividades de los grupos criminales, como el tráfico de drogas, el cobro de piso, los secuestros, la extorsión, el tráfico de personas y la prostitución forzada se han ido naturalizando. En algunos casos incluso se justifican socialmente, dejando de sorprender y asombrar a la sociedad de forma alarmante.
La exposición constante a estos actos violentos, la pasividad de las fuerzas de seguridad, la falta de estrategias institucionales dentro de los centros educativos para prevenir, inhibir y contener la violencia y los altos niveles de desafiliación escolar en la ems en Morelos no sólo refuerzan esta normalización, sino que erosionan la cultura de la legalidad y desalientan la denuncia. Como resultado, muchos jóvenes quedan a merced de las redes del crimen organizado, a las que terminan integrándose de manera voluntaria o forzada.
Actualmente, ser joven en un país como México y particularmente en Morelos no es fácil. Ni la educación, ni el empleo formal, ni las condiciones de seguridad ofrecen un entorno propicio para desarrollarse de forma integral hacia la vida adulta.
La población adolescente en Morelos, en especial la comprendida entre los quince y diecinueve años, enfrenta múltiples formas de violencia que comprometen gravemente su desarrollo integral. Entre 2019 y 2023 se reportaron más de 280 homicidios de niñas, niños y adolescentes en la entidad, con un claro sesgo de género: la mayoría de las víctimas varones murieron por heridas de arma de fuego, mientras que, en el caso de mujeres adolescentes, muchas desapariciones concluyeron en feminicidios (Diario de Morelos, 2024; inegi, 2021; redim, 2023; Observatorio Nacional Ciudadano, 2024).
La violencia homicida contra menores de edad en Morelos ha mostrado niveles preocupantes. Entre 2019 y 2022, las defunciones por homicidio de personas de cero a diecisiete años aumentaron de 52 casos en 2019 a un pico de sesenta casos en 2021, con una ligera disminución a 57 casos en 2022 (inegi, 2023, p. 8). Estos hechos violentos afectaron desproporcionadamente a varones adolescentes. Por ejemplo, en 2021, de las 55 víctimas mortales menores de dieciocho años reportadas, 49 fueron hombres y seis mujeres (redim, 2022).
En 2023, la cifra permaneció elevada, con reportes de 58 menores de cero a diecisiete años asesinados en Morelos. Gran parte de estos homicidios de jóvenes se cometen con armas de fuego: en 2021, cerca de la mitad de las víctimas menores fueron ultimadas por disparos, lo que refleja la exposición de los adolescentes —en particular hombres— a la violencia delictiva ligada a la inseguridad y el crimen organizado (redim, 2022).
En un informe de la Secretaría de Educación de Morelos (2022), el cual cita datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), se subraya la importancia de prevenir la deserción escolar para mejorar el tejido social. El informe señala que impedir el abandono escolar temprano genera entornos más sanos, libres de violencia y delincuencia, mientras que “quienes no concluyen la Educación Media Superior quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social… y tendrán un elevado riesgo de transformarse en jóvenes excluidos del desarrollo”. En el contexto de Morelos, donde la tasa de abandono escolar ha sido superior al promedio nacional, esta vulnerabilidad social se vincula con un mayor riesgo de que los jóvenes sin bachillerato caigan en conductas delictivas.
Por su parte, el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee, 2017) reconoce en uno de sus documentos oficiales el impacto de la inseguridad en el abandono del bachillerato y advierte que los jóvenes que abandonan la Educación Media Superior “tienen mayor riesgo de incorporarse a grupos delincuenciales” (2017, p. 52). En otras palabras, dejar inconcluso el nivel medio superior aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes de ser cooptados por organizaciones criminales.
Esta violencia letal coexiste con otras expresiones de agresión, como la violencia familiar, de pareja o institucional, que afecta de forma particular a las mujeres jóvenes, quienes presentan altos índices de abuso sexual, violencia emocional y falta de acceso efectivo a la justicia.
En este panorama, la exposición de adolescentes al crimen organizado es muy preocupante. Organizaciones como Reinserta (2021) han documentado cómo los grupos delictivos incorporan a menores por su condición de vulnerabilidad, facilidad de control y bajo perfil ante la ley. Esta realidad se ve agravada por la ausencia de programas públicos eficaces para prevenir el abandono escolar o proteger a quienes ya no están vinculados al sistema educativo. En Morelos estas fallas estructurales se traducen en un ciclo de exclusión, violencia e impunidad que atrapa a una generación en riesgo, sin garantías de formación, seguridad ni justicia.
Ante este panorama, hoy más que nunca la desafiliación escolar debe ser atendida de manera urgente y preventiva, ya que, más allá del derroche de recursos públicos invertidos en la formación de estos jóvenes, el hecho de que la escuela los expulse o los excluya —es decir, que los deje sin alternativas— implica colocarlos en una situación de alto riesgo, al quedar expuestos a dinámicas delictivas que los absorben con rapidez.
La marginación, la falta de oportunidades, la pobreza, así como las presiones, amenazas o engaños para colaborar con organizaciones criminales o grupos violentos colocan a adolescentes y jóvenes en una situación por demás vulnerable. En este contexto son fácilmente cooptados por esas organizaciones o, en ocasiones, forzados a incorporarse a ellas.
En el desarrollo de niños y adolescentes interviene la familia como el primer agente socializador y formador del nuevo ser humano en crecimiento. Posteriormente, la escuela se convierte en el segundo agente de socialización. A ello se suman otros entornos influyentes, como las amistades u otros contactos, los cuales adquieren relevancia cuando ocurre un hecho delictivo. Esta realidad nos obliga también a observar de manera crítica la dinámica familiar, pues muchas veces ahí se incuban factores de riesgo que facilitan la vulnerabilidad.
Según el estudio Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, de la organización Reinserta (2021), los grupos criminales incorporan a menores debido a su disponibilidad y maleabilidad: acatan órdenes sin cuestionarlas, exigen menos que los adultos y manejan armas y municiones con facilidad.
Por su parte, en 2022, en un informe publicado por la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, se señala que en el país había al menos treinta mil niños y adolescentes menores de dieciocho años colaborando de manera activa con la delincuencia organizada (Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, 2021).
El escenario nacional descrito encuentra en Morelos una de sus expresiones más críticas. La entidad no sólo presenta indicadores escolares alarmantes, sino que enfrenta un contexto de inseguridad creciente que agrava la vulnerabilidad juvenil. Actualmente operan en Morelos cinco carteles y grupos del crimen organizado. Entre los de mayor presencia se encuentran: el Cartel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Familia Michoacana, Los Rojos, Los Tlahuicas y Los Mayas (Espino, 2020).
Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 (inegi, 2024a) revelan un panorama alarmante: más del 75% de los mexicanos considera peligroso caminar por las calles de su localidad durante la noche. Esta percepción es aún más aguda en zonas urbanas, donde el 82% de la población se siente insegura, frente al 62% en áreas rurales.
Además, según el inegi, los grupos que más miedo experimentan al transitar por sus localidades son las mujeres, las y los jóvenes y las personas mayores. Así, el espacio público, y en particular las calles, deja de ser un lugar de convivencia para convertirse en un territorio percibido como hostil y peligroso, influido por factores estructurales, sociales y culturales.
Otros datos relevantes de la misma encuesta indican que el 40.2% de la población de 18 años y más se siente insegura en su colonia o localidad. Esta percepción varía por género: el 36.1% de los hombres así lo declara, frente al 43.7% de las mujeres, lo que evidencia una diferencia estadísticamente significativa y pone de manifiesto la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia urbana (inegi, 2024b, p. 59).
Las entidades con mayor percepción de inseguridad al caminar de noche cerca de su vivienda son Morelos (73.63%), México (72.69%), Tabasco (64.36%), Zacatecas (64.04%) y Nuevo León (63.90%) (Fuentes, 2025, sp). En particular, Morelos se posiciona entre los estados con mayor sensación de inseguridad a nivel nacional, con el 90.1% de la población que así lo percibe, según la envipe 2024, lo que representa un incremento del 3.6% respecto al año anterior (inegi, 2024c). Esta percepción está estrechamente vinculada con las elevadas tasas de homicidios dolosos y otros delitos violentos, en especial en ciudades como Cuautla y Jiutepec, donde la incidencia de homicidios supera el promedio nacional (inegi, 2024c).
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu), realizada por el inegi, también refleja esta situación: el 66.5% de los habitantes de Morelos reporta escuchar disparos con frecuencia (inegi, 2024a, p. 94), y el 71.9% observa consumo de alcohol en las calles, lo que agrava la percepción de inseguridad y deteriora la calidad de vida (inegi, 2024c).
En el ámbito escolar, la violencia también está presente. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh) 2021, el 32% de las mujeres ha sufrido violencia en el contexto escolar, predominantemente de tipo psicológico y físico (inegi, 2021, p. 33). La violencia estructural impacta de forma negativa en la percepción de seguridad dentro de las escuelas, donde los casos de intimidación y acoso son frecuentes. Las condiciones escolares marcadas por la inseguridad desafían la integridad física y emocional de los estudiantes y plantean la necesidad de programas de prevención y protección en las instituciones educativas.
La actual crisis de violencia es el resultado de una compleja combinación de factores estructurales, sociales y económicos que han persistido durante décadas. La fragmentación del tejido social, provocada por la desintegración familiar y la debilidad de las redes comunitarias, junto con el avance del crimen organizado y su control del territorio, ha fomentado una cultura del miedo y la violencia en muchas comunidades.
Otro factor inquietante es la naturalización de las agresiones en la vida cotidiana escolar. Muchos estudiantes no identifican cuando están siendo víctimas de violencia. Esto ocurre porque las prácticas violentas se han integrado profundamente en la cultura escolar, transformándose en una forma habitual de interacción y convivencia (Del Tronco, 2013).
El pasado 13 de enero de 2025, la Presidencia de la República dio a conocer públicamente la implementación del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (nem), una reforma más dentro del ámbito educativo. Esta propuesta descansa en tres ejes:
El primer eje, denominado Fortalecimiento Integral, incluye la actualización de los programas de estudio, la mejora de la infraestructura física de los planteles, la implementación de programas de integración e inclusión comunitaria y el fortalecimiento de las trayectorias hacia la educación superior.
El segundo eje plantea la integración de los 31 subsistemas de ems en sólo dos opciones curriculares: bachillerato general y bachillerato tecnológico, con modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta y dual. También se contempla la actualización de programas de formación profesional y técnica en áreas estratégicas, como ciberseguridad, agroindustria sustentable, robótica, desarrollo comunitario, promotor deportivo, electromovilidad, animación digital, semiconductores e inteligencia artificial, entre otros.
Finalmente, el tercer eje, quizá el más relevante en relación con el tema abordado en este artículo, propone la creación de doscientos mil nuevos lugares en la ems a nivel nacional, comenzando en 2025 con cuarenta mil espacios. La meta sexenal del gobierno federal es alcanzar una cobertura del 85% en el bachillerato para el año 2030 (sep, 2025).
Para lograrlo se requerirá la creación de nuevas escuelas, la ampliación de infraestructura en planteles existentes y el aprovechamiento de la capacidad instalada y subutilizada de escuelas secundarias, así como su equipamiento. Además, se anunció que se mejorarán las condiciones laborales del personal docente, un aspecto clave para el éxito de cualquier política educativa.
Sin embargo, esta nueva reforma genera escepticismo. En primer lugar, porque se siguen realizando cambios sin una evaluación rigurosa de lo que se ha implementado previamente. Aún no se ha concluido el plan de estudios anterior a la Reforma Educativa de 2023 y ya se proyectan nuevas transformaciones curriculares que, una vez más, no parten de un diagnóstico evaluado ni compartido.
Por otra parte, la pretendida ampliación de la cobertura es una respuesta del Estado mexicano a destiempo, que sin duda es bienvenida, aunque ya reiterada por anteriores administraciones y no realizada. Sin embargo, eso demandará una gran cantidad de recursos económicos, los cuales, en estos momentos de desaceleración del crecimiento económico del país y de cara a probables efectos geopolíticos que impactarán a México económicamente durante el presente año, hacen dudar del cumplimiento de estas metas.
En suma, aunque el plan propone una ruta institucional para mejorar el acceso a la ems, su viabilidad dependerá no sólo de su ejecución técnica, sino de la voluntad política, la continuidad institucional y una visión de Estado comprometida con el bienestar de las y los jóvenes, más allá de sexenios y discursos.
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