México, recambio electoral y Agenda 2030

México, recambio electoral y Agenda 2030

María Luisa Mussot López


En la mira de recuperar el crecimiento mundial y el cuidado del medio ambiente a través de una lucha abierta contra el calentamiento global y la desigualdad, el 2 de agosto de 2015 México signó la Agenda 2030. La Organización de las Naciones Unidas (onu), la define como “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”.1 Esta agenda retoma los Objetivos de Desarrollo del Milenio no cumplidos y plantea una alianza mundial revitalizada.

La agenda propone diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ods), con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. De entre ellos, destaca poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos; lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas; lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; facilitar el acceso a la justicia para todos, y construir en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas con medición y evaluación de resultados.

A pesar de su carácter no vinculante, la puesta en práctica de la agenda exige compromisos de los Estados signatarios, fijando sus propias metas nacionales en apego a los ods y movilizando los medios necesarios para su implementación, mediante alianzas centradas en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Para México, dar cumplimiento a estos compromisos corresponde a un memorándum transexenal, lo que en el actual contexto electoral representa una oportunidad histórica inigualable para repensar las dimensiones ambientales, económicas, sociales, culturales y políticas del país, propias de un modelo de desarrollo efectivamente sostenible. Con ello se apresurarían los cambios para alcanzar la justicia e inclusión social, reafirmando los derechos humanos en igualdad y no discriminación y amortiguando las presiones del cambio climático y la sostenibilidad medioambiental del planeta en condiciones de paz.

Hoy se enfrenta una coyuntura política donde las soluciones, estrategias y metas de cumplimiento de la agenda pueden permanecer inalteradas o, por el contrario, ser replanteadas democráticamente; desafío que demanda el concierto de los distintos sectores sociales para romper con el círculo de la exclusión –de derechos, bienes, servicios y oportunidades–, a partir de colocar a las personas, en lo individual y colectivo, y la sostenibilidad ambiental, en el centro del desarrollo, desde una visión alternativa de la supremacista mercantil del modelo cultural neoliberal vigente.

El proceso electoral ha colocado al país ante la disyuntiva de, por una parte, continuar con un insostenible pasado reciente, asociado a un conflicto distributivo de creciente intensidad, con fragmentación social, institucional y política, que ha obstaculizado el desarrollo con inclusión social. El errático modelo de desarrollo seguido por más de treinta años ha provocado extremas condiciones de desigualdad económica y social, a la vez que ha profundizado injustificadas razones y prácticas de discriminación de trato a mayoritarios sectores sociales, apuntalando la desigualdad y negándoles el acceso y goce a los derechos humanos y las libertades; situación agravada por el escenario nacional de creciente violencia e inseguridad.

O, de manera contraria, generar inclusión, en el sendero hacia un nuevo estilo de desarrollo con bienestar sostenible tanto en lo ambiental como en lo social, a partir de la creación de empleo digno con tecnologías amigables al medio ambiente y la garantía universal de derechos sin discriminación. En este derrotero, la acción colectiva y los pactos de largo plazo habrán de constituirse en las premisas de un nuevo patrón de relaciones y organización social verdaderamente democráticos. La justicia, inclusión y paz social requieren que se erijan, como pilares medulares, el bienestar y la dignidad social, coaligados a los derechos humanos universales, en su concepción clásica de responsabilidad y obligación del Estado, vinculados a la democracia liberal en busca de la igualdad.

El dilema reclama con premura abrir al debate público las alternativas posibles. Continuar con el modelo civilizatorio del neoliberalismo, que piensa el crecimiento como eje del desarrollo y la posibilidad de inclusión social como derivación suya, equivale a mantener inalteradas al menos las tres siguientes ilaciones:

  1. El sector privado, por intermediación del Estado, como generador de las condiciones de expansión y sostenibilidad para sí mismo, desde una perspectiva individualista y de racionalidad instrumental meritocrática de mercado, vinculado al capital trasnacional, persigue el desarrollo a partir de un modelo de explotación y degradación de la naturaleza.
  2. La política pública, considerada como estrategia de combate de los síntomas pero no de las causas de los conflictos del desarrollo ni de los problemas sociales, perpetúa culturalmente, como sentido común, el modelo neoliberal de desarrollo.
  3. Los derechos humanos, invocados desde una gramática despolitizada de cambio social, ponderándolos funcionales a la lógica de poder autoritario de quien los clama, con la complicidad de algunos Estados nacionales.2

Esta narrativa de derechos humanos silencia la desigualdad y únicamente es exhortada para los perdedores del mercado: los pobres, los discriminados. Su evocación paradójica corresponde más al orden retórico y de doble moral en la búsqueda de una mayor eficiencia de mercado, en lugar del objetivo de una transformación social que incorpore a la sociedad y al poder político para alcanzar la inclusión social, respetando la igualdad democrática o de derechos de todas las personas como facultades ciudadanas frente a los derechos y garantías sociales.

A este modelo se le ha identificado como el responsable de la profundización de las desigualdades y discriminaciones sociales –tanto entre países como al interior de éstos y entre los grupos sociales–; de las presiones del cambio climático y la insostenibilidad medioambiental del planeta, y de la generación de una supuesta gobernabilidad en realidad autoritaria, sostenida en políticas de austeridad, privatizaciones y liberalización de las inversiones, lo que se materializa en políticas de seguridad y militarización.

Frente a esta opción hay la posibilidad de construir una alternativa desde la que se conciba el desarrollo sostenible, alternativo a la eficiencia económica de mercado y de explotación irracional de la naturaleza, colocando en el centro el objetivo del bienestar y la dignidad humanos, con los recursos que aseguren la viabilidad ecológica del planeta para las futuras generaciones, y en una relación ética entre técnica y naturaleza.3

Esta invitación reclama un cambio cultural y político frente al sentido común de mercado imperante. La mudanza deberá construirse desde una racionalidad reflexiva y en constante diálogo social para garantizar la democratización de las decisiones públicas. Este desafío involucra incorporar a la política –entendida como diálogo entre intereses y concepciones en conflicto–,4 como la condición para que en el espacio público –Estado/ sociedad civil, deliberativa y participativa– se construyan las políticas que favorezcan a la sociedad de manera integral e interdependiente.5

Su concreción exige la suma de voluntades políticas y alianzas que democraticen el Estado, regulen el mercado y replanteen lo público desde una verdadera gobernanza democrática. Con base en ellas deberá exhortarse la construcción de nuevos patrones de organización y relaciones sociales –infundidos en prácticas colectivas y solidarias–, desde los que habrán de trazarse las decisiones y políticas públicas en un horizonte de largo plazo y con una orientación centrada en el logro de la justicia distributiva con paz social; condición sine qua non para subvertir las causas de la desigualdad, el empobrecimiento y las discriminaciones.

En esta elección, las decisiones públicas tienen que visibilizar y atender de manera directa e inmediata las causas que propician la exclusión social, derivadas del proceso complejo que condensa y expresa la simbiótica relación entre desarrollo de mercado, desigualdad social, pobreza y discriminación. Hacer énfasis en la atención a esta última se deriva de representar un proceso social de orden estructural que es causa, consecuencia y acicate de la desigualdad y la pobreza, y que se expresa en diferenciaciones de trato por parte de los órganos del Estado y de la administración pública.

Éstas obstruyen o niegan a conglomerados sociales el acceso a los derechos y libertades por razones injustificables de religión, raza, sexo, preferencia sexual, posición política, ciclo de vida, condición socioeconómica, apariencia física, o por otras varias cuyas raíces son culturales e históricas. Este tipo de prácticas discriminatorias, incluso legalizadas, afectan negativamente a los grupos y personas que las padecen, tanto en sus niveles de ingreso, calidad de vida, formas y propiedades de participación y representación política y social, como en su dignidad como seres humanos, negándoles la inclusión social, lo cual constituye un lastre para un desarrollo sostenible.

Atender con voluntad y políticas estas situaciones como problemáticas que demandan prioritaria resolución, debe ponerse en el centro del debate y plantearlas en concierto con una reforma del poder político y la administración pública. Sólo así se podrán concretar políticas multidimensionales –integrales e intersectoriales– que sean pensadas con el concurso de la sociedad –participativa y deliberativa– y que respondan a sus demandas e intereses.

Ello trastoca la inercia de pensar la política pública como una razón de derecho, colocándola como razón humana y privilegiando la atención de la aspiración humana de satisfacer sus necesidades a partir de la garantía de los derechos humanos.6 Y, al mismo tiempo, recoloca a éstos en el modelo promocional de fines, valores e intereses sociales, o de orientación sustantiva hacia fines regulatorios y resultados prácticos, enriquecidos por criterios de índole material. Así, los derechos quedan emplazados como el objeto mismo de las políticas públicas y como su fundamento ético, y éstas se dirigen a la concreción, protección y defensa de situaciones socialmente relevantes que implican violación o vulneración de derechos.7

Repensar el paradigma de la política pública

Para avanzar hacia una sociedad que impulse un modelo de desarrollo sostenible, pacífico e incluyente en México, capaz de lograr la igualdad y sostenibilidad como principio rector universal, haciendo realidad los derechos humanos de todas las personas, es necesario que se impulse el cambio de paradigma epistemológico desde el cual se concibe la política pública. Ésta no puede pensarse más como paliativo a los desajustes de la liberalización del mercado, sino centrarse en la atención del bienestar social colectivo y no sólo individual, con una agenda integral de garantía universal de derechos en una perspectiva de igualdad y no discriminación, definida públicamente con la intervención activa de una ciudadanía informada, efectivamente participativa y propositiva.

Este reto reclama identificar y revertir las premisas de libre mercado de la prevaleciente política pública. En particular:

  1. La crítica y descrédito del Estado por ineficiente e ineficaz, hoy convertido en sentido común institucional que pone en tensión la comprensión del Estado como sujeto obligado de garantía de los derechos en condiciones de igualdad y no discriminación.
  2. El vaciamiento, desmantelamiento y privatización de lo público en razón de la supuesta superioridad moral de lo privado, además del demérito de las instituciones representativas, ha devastado lo público y privatizado los derechos colectivos universales de la población entera: salud, pensiones, protección social, educación, trabajo, entre otros.8 Una de sus trágicas consecuencias ha sido desdibujar conceptualmente los derechos en el aspecto promocional de fines, valores e intereses sociales, lo que ha conducido a pensar como legítimo que ser titular de derechos sólo es posible si se es persona beneficiaria de programas clientelares.
  3. La exaltación y enardecimiento continuos del individualismo como lo real y tangible, centrado en el mérito, o la racionalidad instrumental del máximo beneficio. Las políticas exaltan el esfuerzo individual vía el fomento de las capacidades –capital humano–, para alcanzar metas de mercado –uso productivo del trabajo de la población en pobreza– y, en paralelo, provocan la degradación permanente de los sujetos colectivos –nación, pueblo, clases sociales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y comunitarias, entre otros– y niegan la organización, participación y deliberación social.
  4. La apología de la desigualdad, basada en la concepción del mérito como fundamento de un sistema de distribución justo –justicia–. El mérito constituye el incentivo de la productividad individual –talento y esfuerzo–, por lo que se naturaliza y legitima al que más tiene y se desdeña al que carece.9

Los esfuerzos de política de corte gerencista, asistencialista, focalizada y compensatoria, pensados desde estos a priori mercantilistas, han conseguido resultados poco halagüeños. Menores aún han sido los avances en el combate de la visión y prácticas de discriminación institucional, que al obstaculizar o limitar el acceso de sectores sociales a los derechos y libertades provocan efectos degradantes en sus condiciones de vida, dignidad, salud, participación social y política, impidiendo avanzar en la disminución de las brechas sociales entre personas y grupos.

Los intentos en este sentido enfrentan una abierta tensión entre concepciones: la imperante lógica mercantil de atención de la pobreza –de diferentes grupos sociales considerados como vulnerables– y una pretendida orientación de política garantista pensada en clave de derechos, igualdad y no discriminación. No obstante, la alusión al enfoque de los derechos humanos es sólo retórica.

En la normativa convive la utilización de términos gramaticales de derechos, con estrategias y orientaciones de política condicionadas y dirigidas a incentivar el mérito individual; pero sólo se incitan para aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad o pobreza –mujeres, adultos mayores, niñas, personas discapacitadas, entre otras–, siempre y cuando estén seleccionadas técnicamente como beneficiarias.

En ningún caso las estrategias están vinculadas a la atención estructural de las causas de la discriminación ni a su relación funcional con la desigualdad, sin mencionar el enorme trecho que falta para que las personas del servicio público distingan y hagan visible la discriminación de trato institucional, directa o no, que realizan en su quehacer cotidiano o asentada en la normatividad.

El empeño por pensar un paradigma de política pública incluyente sugiere sumarse al debate por alcanzar un nuevo estilo de desarrollo, que para preciarse de sostenible debe pensarse para una sociedad sin discriminación. Esto supone centrar las políticas públicas en la superación simultánea e interdependiente de la desigualdad social y la discriminación estructural, resultado del proceso histórico y de la forma como operan las estructuras sociales que determinan las formas en que las personas y grupos de personas se insertan en el conjunto de la economía y la sociedad. A partir de esta visión podrá buscarse el cierre efectivo de las brechas de desigualdad social, combatiendo la acumulación histórica de desventajas materiales y simbólicas que padecen determinadas personas y grupos de personas, a la par que se garantizan los derechos en igualdad y sin discriminación.

Esta forma de pensar la política pública supone el doble reto de emprender la defensa y reapropiación social y pública de los derechos sociales universales conquistados históricamente: salud integral y de calidad; pensiones dignas; educación pública y de calidad; empleo protegido; salario digno; protección social, entre otros. A la vez que paralelamente contempla construir una estrategia de desarrollo incluyente con políticas de igualdad compleja y medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, que permitan tratar a las personas como iguales y no sólo tratar igual a todas la personas.10 Estas últimas estarán dirigidas a las personas y grupos de personas a las que, por sus condiciones materiales y de trato injustificado, se les ha negado u obstaculizado históricamente el acceso y usufructo a derechos y libertades.

Este binomio cierra la pinza en el cumplimiento del mandato del artículo 1º constitucional, que persigue la igualdad y sostenibilidad universal como principios rectores de las políticas, de manera socialmente compartida, para hacer realidad los derechos humanos y libertades de todas las personas, sin discriminación, avanzando en el cierre de las brechas de desigualdad y en la inclusión social.



Profesora-investigadora, Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Unidad Iztapalapa



Notas

1 “La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, Noticias onu, 25 de septiembre de 2015, Centro de Noticias de la onu, 2015, https://goo.gl/KVAbdf; “La Agenda de Desarrollo Sostenible”, Objetivos de Desarrollo Sostenible, sf, https://goo.gl/B37xW9

2 Boaventura de Sousa Santos, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Trotta, Madrid, 2005, https://goo.gl/jZev9w

3 Roberto P. Guimarães, “El desarrollo sustentable: ¿propuesta alternativa o retórica neoliberal?”, Revista eure, vol. 20, núm. 61, 1994, pp. 41-56, https://goo.gl/ywMv1H

4 Los ciudadanos, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y ong, entre otros, como partícipes de la toma de decisiones respecto a los problemas colectivos nacionales y globales.

5 Federico Buyolo, “¿Pueden las empresas contribuir a los ods?”, El País, 5 de mayo de 2016, https://goo.gl/XAHd4J; María Fernández, “La empresa progresa si se compromete”, El País, 9 de julio de 2016, https://goo.gl/2ujsv2; Valoración de la Agenda 2030, Futuro en Común, mayo de 2016, https://goo.gl/ZwTRuJ

6 André-Noël Roth, Discurso sin compromiso. La política pública de derechos humanos en Colombia, Aurora, Bogotá, 2006, https://goo.gl/kM8VAZ

7 William Guillermo Jiménez Benítez, “El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas”, Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, vol. 7, núm. 12, 2007, pp. 31-46, https://goo.gl/7vLNy2

8 Asa Cristina Laurell, La reforma contra la salud y la seguridad social, era/Friedrich Ebert Stifftung, México df, 1997, https://goo.gl/8m3xKH; Enrique de la Garza, “Flexibilidad del trabajo: discurso y construcción social”, Región y Sociedad, vol. XII, núm. 19, 2000, df, 1997, https://goo.gl/6vK6Kj; Meghnad Desai, Marx’s revenge: the resurgence of capitalism and the death of statist socialism, Verro Books, Londres, 2002, https://goo.gl/xFZ88t; Miguel Guerrero Olvera, Privatización, seguridad social y régimen político en México, uaem/Fontamara (Argumentos 151), Cuernavaca/México df, 2012, https://goo.gl/5VdrZL; Armando Alcántara Santuario, “Privatización,cambios y resistencias en educación”, Revista de la Educación Superior, vol. XLI (4), núm. 164, octubre-diciembre de 2012, pp. 157-163, https://goo.gl/4ae2Cz; Martha de Jesús López Aguilar, “Una reforma ‘educativa’ contra los maestros y el derecho a la educación”, El Cotidiano, núm. 179, mayo-junio de 2013, pp. 55-76, https://goo.gl/jJ8aib

9 Agustín Lucas Prestifilippo y Lucía Wegelin, “El neoliberalismo como trama ideológica en la Argentina reciente”, Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 21, núm. 74, julio-septiembre de 2016, pp. 29-49, https://goo.gl/CpphcT; Noam Chomsky y Robert McChesney, Profit over people: neoliberalism & global order, Seven Stories Press, Nueva York, 2011, https://goo.gl/n8eRjN; David Harvey, A brief history of neoliberalism, Oxford University Press, Nueva York, 2005, https://goo.gl/1LmAJb

10 Mireya del Pino Pacheco, Catálogo de medidas para la igualdad, segob/conapred, México df, 2016, https://goo.gl/RqgVNN; Ronald Dworkin, “Taking rights seriously”, The New York Review of Books, 17 de diciembre de 1970, https://goo.gl/6Qdf6z

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